El discurso de investidura de Pedro Sánchez ha supuesto el primer paso para intentar construir una España plurinacional; es el precio de su elección. El candidato ha sido muy claro a este respecto al proclamar que en este país existen diversos sentimientos nacionales y que la soberanía es compartida. Aunque de modo solemne Sánchez ha sostenido que el diálogo con los independentistas catalanes se hará dentro de la Constitución, esa España de varias naciones no cabe en la Carta Magna de 1978. El candidato no está contando toda la verdad y, de hecho, en el acuerdo que el PSOE ha firmado con ERC se sortea este límite con una alusión al marco jurídico que se pueda pactar. Sánchez concluyó la primera jornada de su investidura sin aclarar, además, en qué consistirá la consulta que ha pactado con ERC en el caso de que ambos logren consensuar un texto. Condicionado por su escasa mayoría, el socialista ha concebido una legislatura para calmar a los nacionalistas vascos y a una parte del independentismo catalán. A la vez que anunciaba sus planes en el Congreso, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se declaraba, una vez más, en desobediencia; no acatará la resolución de la Junta Electoral Central en la que se acuerda su inhabilitación como parlamentario autonómico. Y lo hace respaldado por uno de los aliados del PSOE, ERC, que califica la decisión de la Junta Electoral como golpe de Estado. Cabe preguntarse si todo esto tiene algún sentido, más allá del empecinamiento de Sánchez por seguir en la Presidencia, aun a costa de renunciar a todo cuanto dijo durante la campaña electoral. Cuanto más avanza por una senda que tampoco es la del PSOE, más ahonda la fractura que le separa del PP y de Ciudadanos. El debate entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, resultó de lo más desalentador, con acusaciones gravísimas entre ambos y sin ninguna ventana abierta a futuros acuerdos.