Los ciudadanos celebramos ayer el 23 aniversario de la Constitución española en un clima político de crispación y profunda división entre el Gobierno y sus socios y la oposición. De hecho, el acto institucional en el Congreso de los Diputados registró notables ausencias, tanto de los partidos independentistas (algo habitual) como de algunos líderes relevantes de Podemos y Vox (algo incomprensible en dos formaciones que dicen acatar la Constitución). Una vez más se comprueba que el ambiente de crispación impide hablar de una reforma constitucional que sería inviable y que, además, le daría una oportunidad de oro para aquellos que no quieren mejorar y actualizar el texto, sino directamente liquidarlo. Muy atrás queda el espíritu y el talante negociador que, hace ya décadas, permitió a partidos y personajes que estaban en las antípodas (incluso que habían combatido durante la Guerra Civil en distintas trincheras) llegar a acuerdos sustanciales y dotar a España de la que sin duda ha sido la mejor Constitución de su historia, si atendemos a los años de paz social y prosperidad económica que se han vivido bajo su amparo. Reformar la Constitución sería deseable para rejuvenecerla tras más de 40 años de vida, algo que es normal en la gran mayoría de los países, pero esa reforma debe hacerse dentro del respeto y la lealtad a su espíritu originario. Lo contrario sería vender como reforma constitucional lo que pretende ser un nuevo proceso constituyente. Sin la Corona y las autonomías -amenazadas por los populismos de izquierda y derecha, respectivamente- no se puede entender esta Constitución (con o sin reforma). Conocida es la frase de Ignacio de Loyola "en tiempo de tribulación no hacer mudanza". La política española vive hoy inmersa en la tribulación continua, por lo que iniciar cualquier tipo de reforma de nuestra ley de leyes sería absurdo y contraproducente. Tiempo habrá en el futuro.