Un proceso cada vez más desconcertante

La 'desaceleración' de los independendistas esconde acercar el trámite de la ley del referéndum a la fecha de la Diada, el 11-S

No por esperada dejó de ser contundente la respuesta que el Tribunal Constitucional (TC) dio ayer al recurso de la Generalitat contra la suspensión de la reforma del Reglamento de la Cámara autonómica, con la que el bloque independentista de Junts Pel Sí y la CUP perseguía una tramitación exprés de la ley del referéndum sobre la que sostener la consulta del 1 de octubre. Funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) entregaron por la mañana a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los demás miembros de la Mesa de la Cámara, la suspensión cautelar acordada por el Alto Tribunal. No es el único parón que sufre el llamado procés. En la ceremonia de confusión que concelebran Puigdemont y Junqueras junto a sus acólitos, fue el propio Parlamento catalán el que levantó ayer el pie del acelerador y trocó la velocidad de crucero en ralentí, dejando la propuesta que los socios secesionistas registraron el pasado 31 de julio. La reapertura del período de sesiones no encontró hueco para dicha tramitación, que quedó postergada para el mes próximo. En teoría, fue excluida de la orden del día de la Mesa del Parlament por su "complejidad". No obstante, uno de los escenarios abiertos tras este aplazamiento coloca a ese trámite a las puertas del 11 de septiembre, fecha de la Diada, una jornada de fuerte carga simbólica que los independentistas ya han capitalizado en varias ocasiones para convocar manifestaciones masivas en apoyo a la desconexión de Cataluña. Como no podía ser de otra manera, la oposición -Ciudadanos, PSC y PP- vivió otra jornada de estupor. Todos sus dirigentes cargaron contra lo que a todas luces constituyó una maniobra de Forcadell, que hizo prevalecer el objetivo estratégico del partido al que pertenece al excluir la tramitación de la ley del referéndum de la primera reunión de la Mesa de la Cámara después del registro del texto. Esperpento, disparate y despropósito fueron algunos de los términos que, con acierto, emplearon los grupos constitucionalistas para referirse a este nuevo bandazo del secesionismo que sólo persigue un trámite propicio y favorable, el blindaje del referéndum con lo que denominan la "legalidad catalana". Pero ésta no es legal en el actual marco jurídico que rige en España y que no es otro que el que señala la Constitución. La desaceleración impuesta por los propios independentistas a su deriva sólo pospone el choque institucional entre el Gobierno de España y el Govern. Y aunque Moncloa interpretó lo ocurrido como una señal del "absoluto desconcierto" que mina a los independentistas, no debe hablar de éxito, sino hacer todo lo posible por evitar la colisión.

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