Una reforma innecesaria e inconveniente

Existe el justificado temor de que la reforma del Código Penal suponga un indulto encubierto para los líderes del 'procés'

Poco a poco se van conociendo los peajes que Pedro Sánchez tendrá que pagar al secesionismo catalán, en concreto a ERC, para que facilitase su investidura como presidente del Gobierno. De una manera confusa y algo tortuosa, fuentes gubernamentales ya han dejado caer la posibilidad de impulsar una reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición y aumentar las de rebelión. Las mismas fuentes afirman que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya se ha puesto a estudiar la posible reforma, aunque con "mucha discreción". Esto, como era de esperar, ha levantado la alarma en la oposición y en muchos medios de comunicación, que temen (y razones no faltan) que dicha modificación sea utilizada como un indulto encubierto de los principales líderes del procés, hoy en la cárcel o huidos de la Justicia precisamente por haber sido condenados por el Tribunal Supremo por un delito de sedición. Es evidente que, con el enorme problema territorial que tiene España (y no sólo en Cataluña), rebajar la calificación penal de este tipo es poco recomendable. El Estado necesita herramientas democráticas y jurídicas para defenderse de agresiones como la sufrida durante el procés y lo que ahora quiere hacer el Gobierno es todo lo contrario. La excusa de que, a cambio, se sube la pena del delito de rebelión de poco sirve, pues éste requiere de un uso de la violencia que, hoy por hoy, es muy difícil que se dé.

El Gobierno sabe que dispone de la herramienta del indulto para contentar a ERC en este aspecto. Sin embargo, no está dispuesto a pagar el enorme coste político que tal medida supondría. No tiene el valor de explicar sus razones a la sociedad española, probablemente porque el único argumento es la permanencia de Sánchez en el poder. A cambio, quiere someter al Código Penal a una reforma que es innecesaria e inconveniente. Para más inri, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que dicha enmienda "no forma parte, en absoluto" de la mesa de diálogo con los independentistas catalanes y que "a lo único que va a ser sometida es al debate parlamentario", lo cual es una manera un tanto burda de despreciar la inteligencia y el sentido común de los ciudadanos.

El Gobierno está legitimado para entablar conversaciones con quien crea necesario, siempre que lo haga de una manera transparente y que no juegue con elementos de nuestra convivencia tan importantes como el Código Penal.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios