En los últimos días ha quedado claro que la sanidad será una de las prioridades del Gobierno de Andalucía. Razones no faltan. La sanidad es uno de los pilares fundamentales -junto a la educación- del Estado de bienestar y su buen o mal funcionamiento está íntimamente unido al grado de satisfacción de los ciudadanos con sus gobernantes. Durante los ejecutivos de la socialista Susana Díaz vimos cómo la sanidad había tomado una deriva preocupante, tanto por los recortes de la crisis como por su deficiente gestión, lo cual puso en pie de guerra a un sector sanitario que se sentía maltratado.

Tres son las grandes medidas que, por ahora, ha anunciado el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre: el fin del sistema de subasta de medicamentos y adherirse a la compra centralizada del Ministerio; la obligación de que los contratos temporales de profesionales sanitarios sean de un mínimo de seis meses -hasta ahora se podían hacer por 24 horas- y el anuncio de que se estudiará la externalización de servicios para reducir las enormes listas de espera que se han generado en los últimos años -no entraremos aquí en el debate sobre el tamaño exacto de las mismas, porque en cualquier caso son desmesuradas-. Sobre la primera decisión, es una vieja reivindicación del PP y, por tanto, coherente. En los próximos años veremos si, como sostiene el Gobierno, el nuevo método supone un ahorro y una mejora en la calidad de los medicamentos. Respecto a la contratación de seis meses es algo fundamental y seguro redundará positivamente en el rendimiento de unas plantillas que, muchas veces, están sobrepasadas. Por último, nada hay que temer a las externalizaciones -que no serían una novedad- si mejoran la atención a los ciudadanos y se garantiza la condición pública de la sanidad. En cualquier caso, todas estas medidas deben enmarcarse en un plan general de reforma de la sanidad, algo que el Gobierno se ha comprometido a hacer. Si lo consigue habrá dado un paso importante en el cambio de Andalucía.