La noticia de que el Gobierno ha aceptado la presencia de una confusa figura mediadora en la mesa de partidos catalanes que intentará buscar una salida política del atolladero catalán, ha provocado un auténtico shock en la opinión pública española. En primer lugar, porque el Ejecutivo no ha conseguido ni siquiera explicar cuál sería la función de este relator ni cuál es el perfil idóneo de la persona que debería desempeñar dicha función. Los intentos de explicación de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, han sido muy confusos y han dejado la sensación de que, o bien el Ejecutivo no sabe qué hacer exactamente o bien no quiere explicárselo detalladamente a los ciudadanos españoles. Cualquiera de las dos opciones es altamente preocupante. Asimismo, el enfado y la crispación que ha provocado el anuncio del relator se debe a la sensación generalizada de que el Gobierno ha cedido ante los independentistas catalanes para, a cambio, lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin importarle las consecuencias muy negativas que esta decisión pueda tener para la imagen de España en el extranjero. Los nacionalistas siempre han estado obsesionados porque el Estado admitiese la figura de un mediador que avalara su tesis de que estamos ante un "conflicto bilateral" entre España y Cataluña que necesita un tutelaje exterior. En otras palabras, Pedro Sánchez ha sacrificado el interés general de España por los suyos particulares y los de un sector de su partido, que pasan por aferrarse al poder el máximo tiempo posible.

La contestación a las intenciones del Ejecutivo ha sido muy amplia, empezando por su propio partido. Ayer hubo voces muy cualificadas dentro del PSOE que criticaron con dureza esta figura del relator -otras guardaron un sonoro silencio-, conscientes del daño que los flirteos de Sánchez con el independentismo está causando a la formación socialista (como bien se ha visto en las elecciones autonómicas andaluzas). Asimismo, PP y Cs han anunciado la convocatoria de una manifestación en Madrid contra el Gobierno de Sánchez. Aunque ambas formaciones están en su derecho de manifestarse, la solución a lo que está sucediendo no puede ser caldear aún más la calle, sino convocar unas elecciones generales. El presidente Sánchez debe dejar de aferrarse al poder y a la quimera de unos PGE que han sido muy cuestionados tanto en Europa como en España. Ha llegado el momento de dar la palabra a los ciudadanos.