LA labor que desempeñan los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia a menudo pasa desapercibida o no alcanza el reconocimiento público que merece. En ocasiones, solo las personas que empiezan a tramitar la dependencia de sus padres mayores y las que están en una situación de vulnerabilidad social conocen en profundidad la envergadura del trabajo que se desarrolla en este ámbito.

La anterior crisis económica, que comenzó en 2008, nos grabó a fuego algunas lecciones y una de ellas fue la importancia de los servicios sociales. Entonces, estos trabajadores públicos estuvieron muy presentes y fueron muy necesarios porque las crisis de ese tipo tienen profundos efectos y graves consecuencias que impactan con crudeza en los colectivos más frágiles y en las personas más vulnerables.

Las personas que trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios, coordinados por el área de Bienestar Social de la Diputación de Granada, forman parte de un equipo humano que llega a todos los municipios de nuestra provincia. Atienden más 208 núcleos de población y componen una potente red de protección social que llega a toda la ciudadanía.

La mayoría de las personas que presta este servicio esencial eligieron este camino por vocación. Su función es combatir la desigualdad social, las injusticias o la pobreza. Cuando alguien entra en el despacho de un trabajador de servicios sociales es, en la mayoría de ocasiones, porque ha llamado a otras puertas y no ha encontrado solución a sus necesidades. Menores absentistas, familias desestructuradas y sin ingresos, maltrato a niños y niñas, personas que necesitan atención psicológica, desahucios, violencia de género, dependencia, reparto de alimentos... La variedad de las situaciones a las que se enfrentan es prácticamente infinita.

Contamos, por lo tanto, con un equipo humano preparado y comprometido, pero no hay duda de que hay mucho que mejorar a todos los niveles en el Sistema Público de Servicios Sociales. Se necesitan recursos que faciliten el trabajo de sus profesionales y es fundamental simplificar y agilizar los trámites para evitar demoras y ser más eficaces en los recursos que se destinan a cada situación.

Las solicitudes de dependencia o la renta mínima de inserción social son ejemplos de prestaciones que se siguen demorando más de lo asumible. Mientras llegan, las dificultades persisten y es el profesional de servicios sociales el que debe gestionar esa emergencia social cara a cara con el afectado.

Todas y todos sabemos que la Ley de Racionalización de la Administración Local, el recorte en dependencia de más de un 30% y la reducción en las transferencias del Plan concertado entre Estado y la Comunidad Autónoma a las entidades locales no ayudaron en los momentos más duros de la anterior crisis. Ahora, cuando mucha gente seguía aún sin recuperarse de aquel golpe, nos encontramos de lleno con una pandemia global cuyos efectos económicos todavía desconocemos.

"Las administraciones locales han de tener recursos para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad"

Lo que es seguro es que, ahora más que nunca, los profesionales de los servicios sociales van a seguir trabajando, atendiendo y ayudando a las personas que lo necesitan. Y es fundamental que las administraciones estemos a la altura: dotando de recursos a los centros, agilizando los trámites y permitiendo, como ha hecho el Gobierno central, que sean los trabajadores los que valoren, diagnostiquen y prescriban el recurso más idóneo según la necesidad que plantea el usuario o usuaria.

En estos días, la Junta de Andalucía ha informado de que va a poner en marcha las tarjetas monedero para ayudas alimentarias, cuya gestión va a corresponder a las entidades del tercer sector. Tengo que aclarar que estas entidades siempre han colaborado con la administración, cubriendo espacios y atendiendo a personas con dificultades. Todo mi reconocimiento, por tanto, a los miles de voluntarios y voluntarias de estas organizaciones que en esta crisis también están muy presentes y dando lo mejor de sí mismos.

No obstante, no parece muy equilibrado que la administración competente en Servicios Sociales, la Junta de Andalucía, destine 3,5 millones de sus propios recursos a ayudas económicas familiares y 10 millones a reforzar el procedimiento de la renta mínima de inserción social en toda Andalucía y, sin embargo, destine 17 millones de euros a las entidades sociales para este programa.

A nuestro juicio, es en estos momentos cuando se tiene que dotar a las administraciones locales de recursos económicos para poder hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad de miles de familias. Es ahora cuando hay que reforzar, con respaldo económico, la red de protección social y aprovechar al máximo el trabajo que realizan todos y cada uno de los profesionales de los servicios sociales comunitarios, que deben ser, según la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, los únicos prescriptores de esas ayudas económicas.

Si la Junta de Andalucía no trabaja en esta dirección, se corre el riesgo de malgastar el potencial de esa red y de los hombres y mujeres que forman parte de ella. Se trata, sencillamente, de colocar la dignidad, los derechos sociales y los derechos de ciudadanía por encima de la caridad y de la beneficencia.

En este sentido, el Ingreso Mínimo Vital que tiene previsto sacar adelante el Gobierno central constituye una valiosa oportunidad en el combate contra pobreza y la desigualdad. Esta ayuda permitirá a los equipo de Servicios Sociales ejercer su trabajo de intervención en lugar de dedicar gran parte de su tiempo a tareas administrativas y tramitación de ayudas. Es necesario trabajar con esas familias para mejorar su realidad social y acompañarlas en ese nuevo camino.

En cualquier caso, es evidente que esta crisis nos da la oportunidad de cambiar el modelo y mejorarlo, pero ese camino en ningún caso puede consistir en eliminar un modelo público de Servicios Sociales, dejándolo sin recursos (Artículo 1 de la Constitución Española de 1978. "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho").

Desde la Diputación Provincial de Granada, en el marco de nuestras competencias, seguiremos apostando por los servicios sociales y seguiremos dotándolos de recursos que les permitan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles. Ese es nuestro modelo. Mientras tanto, los profesionales de los servicios sociales comunitarios seguirán estando ahí, en primera línea, velando para que en esta crisis sanitaria, que también es una crisis económica y social, nadie se quede atrás.