Empezar por lo más cercano

El pasado día 7, el Parlamento de Cataluña aprobó la creación de una comisión de investigación sobre las actividades de la Familia Real española; la iniciativa parlamentaria contó con el voto favorable de JxCat, ERC, CUP y Catalunya en Comú Podem, y con el rechazo de PSC, Cs y PP. Al parecer, pretenden investigar las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real española. Según declaró Carles Riera (CUP) "ya que el Congreso no quiere hacerlo, este Parlament debe tener la dignidad y decencia de investigar a la Monarquía".

De nuevo, los independentistas catalanes atacan y tratan de pasar por encima de la Constitución de 1978, que dispone en su artículo 56.3 que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2". La inexistencia de responsabilidad política del Jefe del Estado es una característica común de todos los regímenes políticos contemporáneos, ya sean monarquías o repúblicas. La aprobación de una comisión que contradice claramente el artículo 56.3 no deja de ser más que otra provocación y un nuevo intento de socavar la columna vertebral sobre la que se asienta el régimen parlamentario de Monarquía constitucional que votamos los españoles.

De los independentistas se puede esperar cualquier dislate y a nadie debe sorprender el apoyo a esa iniciativa de En Comú Podem por mucho que traten de disimular sus intenciones. Se pone de manifiesto, una vez más, su alianza con los Independentistas contra el Régimen del 78. Ya vemos el desprecio que la alcaldesa de Barcelona intenta practicar con el Jefe del Estado del que la capital catalana forma parte. No se puede olvidar que municipios importantes de Cataluña están gobernados directamente por las marcas catalanas de Podemos. La ya mencionada Ada Colau, en Barcelona; María Dolores Sabater, en Badalona; en Sabadell forman alianza con la CUP en el Gobierno Municipal, así como tantos otros más. Y desde su acción de Gobierno en los municipios desarrollan una política centrada única y exclusivamente a defender las propuestas de las políticas independentistas, dándoles su "matiz de izquierdas", pero en la práctica toda su acción de Gobierno es del mismo tono totalitario que los independentistas: gobernar sólo para quienes comparten su ideología, utilizar el gobierno local como un instrumento al servicio único y exclusivo de su partido o de la alianza con los que les apoyan para gobernar. Y propugnar el derrocamiento del Régimen del 78 y construir una república anticapitalista.

No obstante, si los independentistas y quienes les hacen el juego tienen ganas de investigar, más que nada para que hagan algo en ese mudo Parlamento que les permita justificar el sueldo que cobran, no tienen que irse tan lejos. La competencia del Parlamento catalán les alcanza para investigar los escándalos de corrupción habidos en la Comunidad Autónoma de Cataluña a lo largo de estos 38 años de gobiernos autonómicos y los 40 de gobiernos municipales democráticos.

Hoy todo el mundo sabe lo que se pretende ocultar tras el manto de la fantasmagórica República Independiente de Cataluña. En esa región se ha creado una profundísima e institucionalizada trama de corrupción política que ha desnaturalizado toda la acción económica, empresarial y social de las instituciones, en las que los intereses espurios y claramente corruptos de una amplísima clase política dirigente ha comprado el silencio del conjunto de amplios sectores de la sociedad. No solo los medios públicos de comunicación controlados por el independentismo, sino también la mayoría de los medios privados han tratado de hacernos tragar la bola del "envidiable -por decente- oasis catalán", mientras que han sido muchos los que se han enriquecido personalmente a niveles totalmente escandalosos, expoliando amplísimamente el erario público. Así vemos como el partido gobernante durante más de 30 años en la Generalitat tiene a su máximo dirigente y toda su familia directa imputada en gravísimos casos de corrupción política. Todos los tesoreros vivos de CDC están imputados por corrupción estructural, es decir, por exigir y aceptar pagos al partido para dar concesiones públicas a empresas privadas; la sede central de Convergencia está embargada por dichos hechos en procesos judiciales en curso, y es amplísimo el número de dirigentes de dicho partido imputados en el sumario "del 3%" y en otros casos judiciales en curso. ¡Más prepotencia e impunidad que la que reflejan los múltiples casos de corrupción es imposible de describir! ¿Por qué no empiezan por lo que tienen tan cerca? Parafraseando al de la CUP, ¿tendrán la dignidad y la decencia de investigar la corrupción en Cataluña?