Tribuna

Francisco Ferraro

Miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly

El Fondo Europeo de Recuperación no es una panacea

No es fácil invertir en seis años 140.000 millones. Prueba de ello es que hasta ahora sólo se ha gastado el 39% de los fondos de cohesión para 2014-2020

Cesare Prandelli, en su área técnica del estadio de Mestalla durante un partido del Valencia. Cesare Prandelli, en su área técnica del estadio de Mestalla durante un partido del Valencia.

Cesare Prandelli, en su área técnica del estadio de... / biel aliño / efe

Después de largas negociaciones, el acuerdo de programa de recuperación económica alcanzado el 21 de julio por la Unión Europea se interpretó como la tabla de salvación a la que España podía agarrarse para no morir ahogada en las aguas revueltas de la mayor crisis de la historia reciente. Así lo subrayaban los ministros y parlamentarios afines que recibían a Pedro Sánchez como un héroe victorioso de una gran batalla a su vuelta de Bruselas.

En las últimas semanas, el debate parlamentario y en la Comisión Europea sobre las características y condicionamientos del programa lo hacen volver a una actualidad necesitada de algún consuelo ante la creciente preocupación por la segunda ola de contagios y las negativas previsiones económicas. La entidad del Fondo Europeo de Recuperación lo justifica: 750.000 millones de euros. De los cuales 140.000 millones podrían corresponder a España, lo que equivaldría al 11% del PIB y superaría ampliamente los 39.907 millones de los fondos estructurales y de inversión europeos asignados a España en el periodo 2014-2020.

Esta potencial lluvia de millones es por tanto un consuelo ante el oscuro porvenir, pero es conveniente ponderarlo porque probablemente se está magnificando su entidad y ocultando las restricciones para su disposición. En primer lugar, los referidos 140.000 millones no serán todo transferencias, estas se elevarán a 72.000 millones de euros y el resto, en préstamos. Dado que el Fondo lo financiarán los estados miembros a través del presupuesto comunitario (al que España aporta unos 11.950 millones anuales) y por la emisión de deuda a largo, a lo que se sumará la aportación extra de 6.000 millones de euros que aportará España al presupuesto europeo para compensar a los "países frugales", la cuantía neta que puede recibir España disminuye significativamente. Y si esta se anualiza queda más cerca del 1,5 que del 11% del PIB que se proclamaba, cuantía en cualquier caso muy importante.

En otro orden de cosas, el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos del Estado hasta el mes de julio ha sido de 102.345 millones de euros, lo que eleva la deuda pública a 1,292 billones, por lo que si se tiene en cuenta que en los próximos meses no se prevé una recuperación de los ingresos públicos, y que continuarán aumentando los gastos en sanidad, ayudas a autónomos y a empresas, desempleo, ERTEs, ingreso mínimo vital y pensiones, el déficit público anual puede situarse en torno a 150.000 millones de euros. Cifra que relativiza la entidad del Fondo de Recuperación.

Por otra parte, el grueso de los fondos no podrá destinarse a gastos como los referidos anteriormente, sino que financiarán inversiones vinculadas a la economía verde y a la transición digital. Además, en la guía para la aplicación de los fondos, la Comisión recuerda que los estados deben seguir las recomendaciones específicas por países, especialmente en los dos últimos años, lo que para España se concreta en garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, favorecer la transición hacia contratos indefinidos, la inversión y evaluación de la investigación e innovación, la eficiencia del gasto o la lucha contra el abandono escolar, entre otros.

A los condicionamientos y restricciones referidas se suma la dificultad de invertir en seis años 140.000 millones de euros por la necesidad de cofinanciarlos y por la complejidad de los procesos administrativos. Prueba de ello es que hasta ahora sólo se ha gastado el 39% de los fondos de cohesión para 2014-2020, si bien el nivel medio de ejecución europea es el 49%.

En cualquier caso, las consideraciones anteriores conducen a concluir que se está poniendo una confianza en el programa europeo que, por su entidad relativa y por la complejidad previsible de su formulación, aprobación y ejecución, debe ponderarse. Sin embargo, sería irresponsable no aprovechar la oportunidad de esta financiación externa y de reorientar nuestra economía en coherencia con los acertados objetivos y reformas que pretende la Comisión Europea. Por ello, aunque los países podrán presentar sus proyectos desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, dado que la Comisión recomienda que antes del 15 de este mes se incluyan las líneas básicas del programa de recuperación nacional en el plan presupuestario para 2021, es urgente que se vayan definiendo las líneas programáticas por el Gobierno y que la Junta de Andalucía vaya construyendo una batería de proyectos competitivos y consistentes con los objetivos perseguidos por el Programa.

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