Tribuna

antonio montero alcaide

Inspector de Educación

Reforma educativa y apropiación

Un proyecto de ley que se encuentra en trámite puede concluir con la promulgación de una nueva ley educativa, la octava tras la Constitución Española de 1978

Reforma educativa y apropiación Reforma educativa y apropiación

Reforma educativa y apropiación / rosell

Aplicado a una reforma educativa, el término "enésima", aunque denote indeterminación, también alude a un número elevado en una serie o sucesión. Un proyecto de ley, que se encuentra en trámite, puede concluir con la promulgación de una nueva ley educativa, la octava tras la Constitución Española de 1978, si se consideran las de influencia más general en el sistema educativo. Las razones que llevan a la inestabilidad de la ordenación de este último son variadas, pero una no menor es la falta de acuerdos básicos que, de algún modo, fueran la estela del consenso constitucional.

Otro motivo principal tiene que ver con el sentimiento de apropiación que generan las reformas en quienes más involucrados o concernidos deben estar por ellas. Es decir, el grado en que se hacen propias las medidas que introducen porque, entre otras cosas, se participa en el diseño y desarrollo de los cambios y, sobre todo, se cuenta con las condiciones que los hagan, en buena medida, viables. Dado que es desafortunadamente connatural a las reformas una artificial expectativa de implantación: esa confusión entre legalidad y realidad, como si a las prescripciones normativas les baste la publicación legal para producir efectos inmediatos o poco tiempo después. Propiciar ese sentimiento de apropiación resulta, por ello, decisivo, a fin de romper lo que hace décadas ya se denominó el predecible fracaso de la reforma educativa.

El sistema educativo español tiene como marco legal básico, en estos momentos, la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, ampliamente modificada, el año 2013, por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce); que, aunque con título diferenciado, no es sino una modificación de la LOE, que continúa vigente con tales cambios. Por eso el proyecto de ley, en trámite parlamentario, se denomina Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe). Algunas de las medidas de la Lomce, como las controvertidas "reválidas", sí quedaron sin efecto, mediante el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Lomce. En el preámbulo de esta disposición se establecía, a tal fin, un plazo de difícil cumplimiento: "Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación".

La tramitación del proyecto de ley afecta a las posibilidades de acuerdos básicos y al adelantado sentimiento de apropiación. Importa recordar que en los últimos dos años se han sucedido significativas alteraciones gubernamentales. Tras una moción de censura, la Presidencia cambió en junio de 2018, hasta las elecciones generales de abril de 2019 que no permitieron constituir un nuevo Gobierno y llevaron a otras elecciones, en noviembre de ese mismo año, con la posterior constitución del Gobierno actual.

Así las cosas, el proyecto de Lomloe se aprobó en el Consejo de Ministros celebrado el 15 de febrero de 2019, cuatro meses después de una consulta pública, a través de la página web del Ministerio, sobre la modificación de la LOE. El texto del proyecto de ley fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 22 de febrero de 2019, dos semanas antes de la disolución de las Cortes, cuando ya no cabía su tramitación. Salvo, como ha ocurrido, la consideración de ese mismo proyecto, en el Consejo de Ministros del 3 de marzo de 2020, un año después, con el Gobierno resultante de las elecciones generales de noviembre de 2019. Y el comienzo de su tramitación parlamentaria coincidente con el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, declarado el 14 de marzo de 2020.

El Consejo Escolar del Estado, en su dictamen de 8 de enero de 2019, manifiesta lo siguiente: "El Consejo Escolar del Estado se ha pronunciado en diversas ocasiones a favor de un pacto político por la educación y lo vuelve a hacer en este momento, porque las razones que lo justifican siguen vigentes: procurar una regulación de la educación que, en sus aspectos fundamentales, sea estable por contar con un amplio apoyo parlamentario y que, consiguientemente, conforme una política de Estado a largo plazo que asegure su continuidad más allá de la alternancia de las mayorías de gobierno". Además de señalar la inconveniencia de que un proyecto de ley orgánica incluya juicios de valor en su preámbulo: "Entendemos que los juicios de valor, aunque es cierta la mayoritaria oposición de sectores de la sociedad, aunque legítima, están fuera de lo que debiera ser la redacción de un proyecto de Ley Orgánica".

Por tanto, no habría de ser un repetido clamor en el desierto, ante un fracaso predecible, que una nueva ley educativa se sostenga en acuerdos básicos y con un efectivo sentimiento de apropiación.

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