Tribuna

Francisco J. Ferraro

Miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly

Más allá de los programas electorales

Más allá de los programas electorales Más allá de los programas electorales

Más allá de los programas electorales

Inmersos en una nueva campaña electoral, que parece eterna, los ciudadanos recibimos estos días los mensajes de los políticos, que se dirigen más a nuestras emociones que a nuestra inteligencia. Una campaña en la que se debaten algunos temas importantes y candentes, como el conflicto catalán, pero que la mayor parte está ocupada por otros menores, como la exhumación de los restos de Franco, y por descalificaciones recíprocas y ocurrencias. Ante observaciones como las referidas, los partidos políticos nos podrían remitir a sus programas electorales, donde desarrollan los objetivos y actuaciones previstas, pero los programas son tan extensos y los incumplimientos de sus compromisos tan intrascendentes que no invitan a su lectura y contraste.

En cualquier caso, el interés de los partidos políticos por atraer votos de variados sectores sociales y, por otra parte, por evitar que determinadas opciones sean utilizadas como armas de desprestigio, provocan que la elaboración de los programas se convierta en una engorrosa obligación formal y que se concreten en una enunciación edulcorada de objetivos generales ampliamente compartidos. Así, todos los partidos comparten objetivos como el crecimiento económico, el aumento del empleo o la innovación; objetivos sociales en sanidad pública, educación, pensiones o dependencia; la defensa de la familia; la protección del medio ambiente; el apoyo a la cultura; la seguridad pública; la democracia, etc. Coincidencias que son expresión de un nivel de acuerdo básico mayor de lo que imaginamos y propio de una democracia consolidada.

No obstante, lo que interesaría para tener una opinión cabal de las ofertas electorales sería conocer la importancia relativa de los distintos objetivos políticos propuestos y la forma de alcanzarlos, pues los objetivos son múltiples y variados, pero los recursos para satisfacerlos son limitados, y los medios para alcanzar algunos objetivos pueden impedir o dificultar que se alcancen otros.

Así, un programa político que anteponga el crecimiento económico a cualquier otro objetivo, podría implicar la desconsideración de potenciales impactos ambientales o, a la inversa, un programa ambientalmente fundamentalista podría ahogar la iniciativa económica con prohibiciones, trámites y controles.

También podríamos ambicionar un amplísimo Estado del bienestar que garantizase la sanidad universal con el máximo de prestaciones imaginables, una educación pública gratuita y universal de excelencia, un sistema de pensiones con pensiones mínimas de 1.000 euros mensuales y actualización con el índice de precios al consumo, una extensión universal de la Ley de Dependencia, la puesta en marcha de la renta básica o la extensión de los distintos programas de protección social. Pero el coste de un programa de máximos sería de tal entidad que habría que aumentar los impuestos hasta el punto de desincentivar a muchas empresas de su actividad, o trasladar sus mayores costes a precios finales y perder capacidad competitiva. En otro caso, un aumento significativo de las cuantías de las transferencias públicas o del número de perceptores puede desincentivar el trabajo, como algunas experiencias ponen de manifiesto.

Incluso sin alcanzar los niveles máximos de gasto de las distintas prestaciones del Estado del bienestar, la posibilidad de una sanidad pública universal es una quimera dados el previsible aumento de la demanda y la oferta de prevención, diagnóstico y tratamiento, con una población crecientemente envejecida, y cuando más de un 30% de la atención sanitaria actualmente es privada; como tampoco se podrá seguir aumentando el déficit del sistema de pensiones en los próximos años en los que se empiezan a incorporar al sistema los nacidos en el baby boom y sigue alargándose la esperanza de vida. Y, frente a ello, el sistema educativo requiere con urgencia una reforma hacia un modelo de excelencia universal que permita cumplir funciones fundamentales para el futuro: capacitación laboral para la mejora de empleabilidad y la productividad, mecanismo fundamental para la lppppucha contra la desigualdad y la inclusividad social, y formación de la responsabilidad personal para un futuro en el que el Estado tendrá una función protectora concentrada en las personas más necesitadas.

En consecuencia, sería conveniente que los programas electorales fuesen más matizados en cuanto a sus restricciones y, en la medida en que sus contenidos implicasen gasto público, que sus actuaciones se presupuestasen.

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