El fin de la conllevancia

Contra lo que muchos afirman, yo creo el independentismo no es el principal problema de España. Si lo fuera, sería un problema relativo, circunscrito, perfectamente limitado, como un tumor identificado cuyas posibilidades de metástasis es posible controlar. Que el independentismo no es el mayor de nuestros problemas ha venido a demostrarlo el propio independentismo, que, al quemar sus naves en una desquiciada huida hacia delante, ha dejado claro que tras las cartas con las que llevaba décadas chantajeando al Estado apenas si había unas cuantas algaradas y poco más. Si todas las revoluciones suelen dejar tras ellas un rastro icónico de estampas sublimes, la insurrección catalana tan solo nos ha provisto de un catálogo de imágenes a cada cual más grotesca. Uno se pregunta si, tal vez, no será esta su estrategia: doblegar al Estado creándole un insoportable sentimiento de vergüenza ajena. Teniendo en cuenta la propensión de los historiadores catalanes a catalanizar a las figuras más relevantes de la historia, tal vez no estaría mal que comenzaran a plantearse la canonización de quien, a estas alturas, mejor les representa: don Ramón María del Valle Inclán.

Hace ya casi cien años también Ortega y Gasset afirmó que "el conflicto territorial es un fenómeno molesto pero no alarmante". Fue en su célebre discurso a las Cortes de 1932, en el que exponía asimismo sus tesis sobre la conllevancia. En ese discurso, en el que se encuentran ya perfectamente trazadas las líneas maestras de nuestro actual Estado de la autonomías, Ortega defiende que "siempre existirán en Cataluña importantes voces rupturistas que impedirán considerar el asunto como resuelto del todo y, al margen de que se pueda aspirar a reducir de modo notable el apoyo al independentismo, el reto consiste en aprender a convivir con él". Ahora bien, el concepto de conllevancia puede ser muy pragmático, pero, desde luego, no es muy preciso. Para que algo pueda ser sostenido por dos partes, digamos, por ejemplo, la convivencia pacífica en una sociedad democrática, ambas tienen que demostrar, en primer lugar, una inequívoca buena voluntad, pero también una disposición de colaboración en el esfuerzo conjunto de soportar el peso de aquello que haya que conllevar. Pues bien, esta idea, que está detrás de gran parte de la ingenuidad con la que la clase política y la ciudadanía españolas han encarado el problema catalán, se ha demostrado falsa de toda falsedad a la luz de los acontecimientos de estos últimos años. La tesis de la conllevancia, tal y como estaba concebida por Ortega, ha quedado invalidada por la incomparecencia descarada de una de las partes.

Pero queda ahora otra conllevancia que, me atrevería a afirmar, es la verdaderamente importante: la conllevancia irrenunciable por parte de los partidos políticos estatales de los principios que hacen posible la democracia. Y es aquí, mucho me temo, más que en las alharacas de los nacionalismos regionales, en donde radica el verdadero problema, porque, al contrario de lo que ocurría en los años de Ortega, en que todas las fuerzas representadas, ya fueran de izquierdas o derechas, coincidían en el principio básico de la unidad de la patria, ahora nos encontramos con que la izquierda en su conjunto, con el PSOE a la cabeza, se ha abonado a aquella expresión profunda de la banalidad política que consideraba que el concepto de nación es discutido y discutible, a menos, naturalmente, que se refiera a una nación imaginaria.

La rebelión de los catalanes, por emplear el título del maestro Eliott, ciertamente no ha triunfado. En primer lugar, porque la mayoría de los ciudadanos de esa comunidad no la ha secundado. Pero también porque los que sí lo han hecho han demostrado que carecían, no ya, por supuesto, de la más mínima legitimidad, sino de algo al menos tan importante en estos casos: la fuerza necesaria para hacerlo. En esto tenía razón Ortega: es un fenómeno molesto, pero se puede soportar. Ahora bien, una vez que hemos llegado a este punto se debería imponer una reversión radical del problema: allí donde se ha permitido de forma ingenua e irresponsable que el nacionalismo fuera okupando las instituciones y sembrando fanatismo, debería producirse un avance decidido del Estado, de forma que en el menor tiempo posible no quede ni un solo resquicio de ilegalidad: por ejemplo, el de unos rectores de Universidad que alienten a la insurrección a sus propios estudiantes. Ahora bien, ¿apoyaría nuestra izquierda unas medidas semejantes? Puedo apostar y apuesto, no solo que cada iniciativa en tal sentido encontraría su oposición frontal, sino que, en caso de equilibrio, optarían por ponerse del lado de los antidemócratas, como, por otra parte, han hecho no solo en numerosos ayuntamientos de Cataluña, sino también en Navarra, en Valencia, en Baleares… El problema, por tanto, y lo afirmo con preocupación y tristeza, es que cada vez queda menos que conllevar. Hasta hace poco habríamos dicho que queda la democracia, pero comenzamos ya a no poder estar ni siquiera seguros de esto