Sobre la financiación autonómica

El actual sistema de financiación es complejo, heterogéneo y opaco, sin que de estos defectos actualmente se desprenda una mayor eficiencia o cualquier otra virtud social que lo sustente. Muy al contrario, del mismo se obtienen unos resultados finales, en términos de ingresos per cápita, alejados de cualquier lógica social o económica. Además, estos defectos han generado el caldo de cultivo perfecto para la conflictividad y desconfianza entre administraciones y territorios e incrementan la inestabilidad del sistema, al justificar una demanda periódica de reformas sustanciales del mismo.

Frente a esta situación, en su reforma debe primar la sencillez y transparencia con unas reglas de reparto claras, fácilmente justificables y estables en el tiempo, bajo los criterios rectores de suficiencia financiera, equidad, autonomía y corresponsabilidad fiscal, coordinación, lealtad y multilateralidad.

Por ello propugnamos que, para el caso de las comunidades autónomas de régimen común, exista un único fondo de nivelación, con un único criterio de reparto: la población de derecho. Este fondo, de carácter incondicionado, debe nutrirse de transferencias horizontales entre comunidades autónomas, incluyendo a las haciendas forales, y de una transferencia vertical procedente de la Administración central. Además, ha de limitarse el alto grado de inequidad actual del sistema, al fijar un límite máximo entre los recursos per cápita de la comunidad autónoma que más reciba, a competencias homogéneas, y la que menos, independientemente de cual sea su régimen fiscal. Con ello se debe garantizar que las administraciones regionales, principales garantes del mantenimiento del Estado de bienestar español, cuenten con los recursos suficientes para que a priori pueda existir un nivel similar en la prestación de servicios públicos en todo el territorio nacional.

De forma complementaria, sería deseable un reparto de espacios fiscales entre los tres niveles de gobierno, que permita un desarrollo menos conflictivo de la potestad de creación de tributos propios reconocida a las comunidades autónomas sin colisionar con la tributación estatal y local. Y convendría asimismo distinguir dos bloques dentro de los tributos total o parcialmente cedidos por el Estado, uno vinculado únicamente a la garantía de la suficiencia financiera y otro ligado complementariamente al desarrollo de la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal. Respecto al primer bloque, se podría ampliar el porcentaje de cesión a las comunidades autónomas del IVA y de los impuestos especiales ya cedidos, así como estudiar la posibilidad de ceder alguno de los no cedidos. En relación al segundo bloque, se deben armonizar las bases e introducir niveles mínimos de tributación en los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones para todo el territorio nacional, en garantía del principio de igualdad. Todo ello debe completarse con la exigencia de que el Gobierno central desarrolle una política regional activa, que busque disminuir los desequilibrios entre territorios en todo el Estado. Para ello proponemos la reforma y mejora en su dotación del Fondo de Compensación Interterritorial.

Por otra parte, y desde el respeto a las singularidades tributarias históricas, se debe contar con una metodología de trabajo común para los dos principales regímenes: el común y el foral. En este sentido, se ha de intentar abordar, de forma conjunta, cualquier reforma o modificación que afecte a los mismos, explicitando siempre la imagen de nuestro Estado como proyecto compartido. Esta idea de multilateralidad debe completarse con una adecuada coordinación entre las distintas haciendas, incluyendo una mayor integración de las administraciones tributarias autonómicas en la Agencia Tributaria del Estado, y con una aplicación efectiva del principio de lealtad institucional en las relaciones entre la Hacienda estatal y las haciendas autonómicas.

En cualquier caso, en el contexto actual, es imperativa la necesidad de construir una propuesta común de todas las instituciones, partidos políticos y agentes sociales andaluces, que contribuya a la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Este debe actuar como pilar fundamental de la arquitectura territorial española, evitando que se convierta en las líneas de falla de la misma. Para ello también es recomendable impulsar nuevos instrumentos de pedagogía fiscal con el fin de acercar el sistema de financiación a la ciudadanía de forma sencilla y sin necesidad de intermediarios.