La transparencia en el ámbito local

La transparencia es un principio general que debe presidir el funcionamiento de todas las administraciones públicas en su relación con los ciudadanos. Este principio se manifiesta en una doble vertiente: por un lado, la publicidad activa que exige que las administraciones publiquen de forma periódica y actualizada la información que sea relevante para los ciudadanos, y por otro, el derecho de acceso a la información pública que permite a los ciudadanos obtener la información que obre en poder de las entidades públicas.

La Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) ha desarrollado, en colaboración con la Universidad de Granada y la Fundación Centro de Estudios Andaluces, una propuesta metodológica para fiscalizar el principio de transparencia en la Administración local. La citada propuesta se caracteriza por proporcionar un nuevo sistema que permite superar ciertas limitaciones de los índices existentes y mejorar la evaluación del cumplimiento de la normativa sobre transparencia.

De los informes sobre fiscalización del principio de transparencia realizados por la CCA, así como de mi experiencia académica y profesional sobre la cuestión, destacaría una serie de aspectos que permitirían un mejor entendimiento de la situación actual:

1.-El grado de implantación de los requerimientos de información (publicidad activa) de la Ley de Transparencia en el sector público español no se puede considerar aceptable, aunque esta situación puede variar al descender a los diferentes niveles de gobierno (local, regional y central) y a las entidades públicas (instrumentales) dependientes de ellos.

2.- A nivel local, el tamaño del gobierno local y el nivel de apoyo institucional que recibe pueden afectar a la implantación. Entre las principales barreras que deben superar las entidades locales se encuentran la falta de recursos financieros, humanos y de TIC. Especialmente relevante es el caso de las TIC. Como es conocido, la legislación de trasparencia española establece que la información requerida debe publicarse en línea, en el sitio web municipal correspondiente o en páginas web específicas. Sin embargo, el desarrollo y la aplicación de esta instalación es costoso y depende de la capacidad y el tamaño del gobierno.

3.- El problema es especialmente grave en los municipios de tamaño mediano. De hecho, la legislación vigente de transparencia en España no tiene en cuenta la realidad del entorno municipal para calibrar el esfuerzo requerido y los plazos de implementación que sean adecuados para el tamaño y la capacidad de cada gobierno municipal. El Gobierno central no ha tenido una planificación suficiente en España y, en consecuencia, la legislación de transparencia no define adecuadamente los roles que deben desempeñar las diputaciones provinciales y el Gobierno regional en la prestación de asistencia y apoyo a los gobiernos locales.

4.- La falta de un reglamento específico para desarrollar la Ley de Transparencia puede afectar su implementación. Es especialmente importante que los responsables de aplicar la ley reciban especificaciones y directrices detalladas. La problemática de la implementación de la Ley de Transparencia en muchos gobiernos locales españoles podría explicarse, en cierta medida, por la ausencia de un reglamento que maximice el potencial de implementación de la norma.

5.- Numerosos gobiernos locales justifican en su capacidad limitada el cumplimiento meramente formal, y en numerosas ocasiones incompleto, de los requisitos legales de publicidad activa. En España, a pesar de los numerosos casos de incumplimiento, hasta la fecha no se han impuesto las sanciones estipuladas en la legislación de transparencia. Sin embargo, la relación entre el incumplimiento y las sanciones debe considerarse con cautela. De un lado se puede argumentar que, para evitar el incumplimiento de la Ley de Transparencia deberían imponerse sanciones más severas a las autoridades que no cumplan con las disposiciones de la ley, pero, de otra parte, podría ser injusto imponer multas a los gerentes no cualificados o responsabilizar personalmente al personal subalterno por problemas sistémicos dentro del gobierno local.

6.- La creación de una oficina específica de transparencia podría mejorar la implementación y aplicación efectiva de la Ley de Transparencia con personal a tiempo completo. La oficina de transparencia debería de depender de la máxima autoridad local, o de un departamento de alto nivel, y tener sus propias instrucciones para desarrollar la Ley.

En cualquier caso, para que se produzca un cambio cultural efectivo en la rendición de cuentas sobre la transparencia en el ámbito público, sería necesario favorecer la implantación de políticas para promover la participación ciudadana, en la confianza de que, cuando los administradores públicos proporcionan instrumentos para la participación ciudadana, esto generalmente aumenta el nivel de información de las entidades públicas.