El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baza ha archivado las diligencias penales que abrió en su día por un delito de reuniones y manifestaciones ilícitas contra el presidente de la Plataforma por la Defensa del Río Castril, Miguel Ortiz, y otros simpatizantes del movimiento. En el auto, el juzgado acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al entender que no está "debidamente justificada" la perpetración del delito.

Ortiz estaba acusado de un delito de reuniones o manifestaciones ilícitas motivado por las concentraciones que tuvieron lugar el 24 de agosto y el 3 de septiembre de 2010 en el paraje Matamolinos, en Cortes de Baza, donde se desarrollaban los trabajos de canalización del río Castril, a los que la plataforma se oponía. Los agentes identificaron a Ortiz como "organizador y participante" en las dos protestas no autorizadas que protagonizaron varios vecinos contra las obras del trasvase del río.

En el documento que la Subdelegación del Gobierno le hizo llegar le advirtió de que los hechos podían constituir una infracción administrativa sancionable con sendas multas de 3.000 y 4.000 euros respectivamente.

Según los documentos de iniciación de procedimiento sancionador, los agentes calcularon que en la primera concentración se dieron cita unas 300 personas, mientras que en la segunda fueron 30 los vecinos que se negaron "reiteradamente" a abandonar el lugar, por lo que, "tras tres advertencias", se desalojó la zona.

La plataforma valoró positivamente el archivo de la causa, que fue abierta, dice, por protestar "pacíficamente" en contra de las obras del trasvase al considerar que eran ilegales, "como después ha quedado demostrado por el Tribunal Supremo".