El Puerto de Motril, situado en la costa de Granada, es testigo de forma habitual de la llegada de personas migrantes en pateras que huyen de sus países buscando un futuro mejor. Las y los activistas de Emergencia Frontera Sur dedican sus esfuerzos a alertar a las autoridades cuando las familias les avisan de que se ha podido producir un nuevo naufragio, al no saber nada de sus hijos e hijas, padres, madres, hermanos o hermanas, durante horas tras zarpar en una patera.

Cuando les llega un aviso, hacen las llamadas pertinentes para dar a conocer a los ayuntamientos de Motril y Granada la situación y tratar de que Salvamento Marítimo acuda en su ayuda y se active el PECOL (Protocolo de Emergencia para la acogida ante llegadas colectivas de personas migrantes). Sin embargo, tal y como le han trasladado a los representantes de Adelante, “por desgracia no siempre consiguen su objetivo y las personas son abandonadas a su suerte en el mar”.

Según ha explicado Villaverde, “Lo que nos trasladan las y los activistas de Emergencia Frontera Sur es que se dan continuas irregularidades en el trato que reciben las personas que llegan a la costa granadina con la esperanza de buscar un futuro mejor. Si logran llegar con vida, lo que se encuentran es desinformación y confusión en los derechos que les asisten, siendo muchos de ellos además exiliados políticos cuyas vidas corren peligro en sus países a quienes en ningún caso se les da la opción de solicitar asilo tal y como recoge la legislación. Lo que estamos viendo en las fronteras es claramente racismo institucional que tiene múltiples aristas, del que la Junta de Andalucía y el propio Ministro de Interior son corresponsables”.

Otra de las cuestiones que se ha abordado en la reunión son los obstáculos que se encuentran las familias de las personas desaparecidas a la hora de confirmar si sus parientes han fallecido en el tránsito. Las activistas de Emergencia Frontera Sur vienen reclamando en este sentido la apertura de un banco de ADN controlado por la administración y mecanismos claros y efectivos para que las familias puedan identificar a sus familiares.

Desde Adelante recogen su demanda, que llevarán al Parlamento de Andalucía una vez retome su actividad, y afirman que “de lo contrario, se seguirá permitiendo que mafias sin escrúpulos hagan negocio a costa del sufrimiento terrible de unas familias que no pueden siquiera cerrar sus propios duelos por el abandono de la administración”.

Por último, las activistas han trasladado su preocupación por la “criminalización” que están sufriendo entidades como Emergencia Frontera Sur cuya actividad se relaciona con la defensa de los derechos de las personas migrantes. En su caso, denuncian que “se les está impidiendo el acceso al puerto de Motril para que puedan desarrollar su labor”. Desde Adelante han calificado como “un despropósito que se expulse de la primera línea de atención a activistas solidarias que están actuando allí donde las administraciones fallan y la única explicación que puede tener es que no interesa que denuncien las vulneraciones de derechos humanos que se repiten día sí y día también en nuestras fronteras”.