Miguel González Saucedo salió de la última reunión del Consejo Económico y Social, CES, celebrada con la presencia de tres ministros, dos consejeros autonómicos y numerosos delegados provinciales de la Junta, con un sabor agridulce. Satisfecho porque se había dado vía libre a la continuidad de la principal infraestructura de la provincia ya en marcha, el segundo puente, pero a la vez con dudas porque hay otros proyectos que siguen en el aire y, sobre todo, porque no se clarifican medidas de choque que ayuden a la provincia a salir de la crisis.

Es la profundidad de ésta en una provincia que está eternamente en quiebra lo que más preocupa al presidente de los empresarios gaditanos que alerta que si España está en una situación 'grave' la provincia está en la UCI.

Con una tasa de paro por encima del 30%, con empresas cerrando por quiebra ante la falta de financiación o agobiadas por las deudas que acumulan las administraciones públicas, y con la reforma de la economía pendiente desde hace años, González Saucedo, en una conversación mantenida con este diario, hace un análisis más que preocupante: "El túnel en Cádiz va a ser más largo, pues cuando el resto de las provincias ya vean la luz nosotros aún estaremos lejos de divisarla. Los expertos consideran que España saldrá de la crisis en el cuarto trimestre de 2011. Sin embargo, a la provincia de Cádiz habrá que añadir al menos tres trimestres más para alcanzar el mismo objetivo".

"Necesitamos estímulos extras y que la Administración sea un factor de desarrollo y no un obstáculo, porque como está ahora la provincia es difícil que alguien quiera venir a invertir aquí", afirma González.

Dos de las patas que soportan el desarrollo de la provincia de Cádiz fallan de forma estrepitosa, según el análisis empresarial. Por una parte, la banca y, por otra, la administración.

En cuanto a las entidades financieras tiene claro el presidente de la CEC que "es necesario inyectar liquidez a los mercados. Da igual reestructurar las empresas si después los bancos no te dan el dinero que te permite volver a crecer. En el conjunto de la provincia apenas si se está concediendo el 1% de los créditos que se solicitan por parte de los empresarios, cuando hay muchas sociedades solventes pero que tienen problemas de liquidez. Hay constructores que quieren volver a construir o empresas de fuera dispuesta a ocupar el suelo de Delphi pero a las que les falta el crédito para cerrar su inversión. Pero lo mismo pasa en el mercado inmobiliario donde ya se detectan los primeros síntomas de recuperación, pero con familias dispuestas a comprar que chocan con la negativas de las entidades bancarias a conceder préstamos". Menciona en este sentido el cierre durante el pasado ejercicio de ocho mil empresas por una situación de quiebra.

Asume que esta situación, la del grifo cerrado o a medio abrir, se da en buena parte del país, pero en Cádiz la situación se agrava por su endémico problema del desempleo.

Como una alternativa de urgencia, los empresarios reclaman la activación de la banca pública. Eso sí, piden que funcione de una forma más efectiva que el plan de créditos puesto en marcha por el ICO (Instituto de Crédito Oficial) "que tiene condiciones más duras que la banca privada.

En cuanto a la administración pública, se reclama desde la CEC una norma que permita compensar las deudas que tienen estas administraciones con empresas privadas con las que éstas mantienen con la Seguridad Social y que en muchas ocasiones provocan embargos de firmas privadas a las que ayuntamientos adeudan grandes cantidades de dinero.

"La situación de los municipios es extremadamente grave. En la provincia hay 27 en situación de quiebra. No sólo se deben a sus trabajadores sino a infinidad de pequeñas y mediadas empresas para las que estos ingresos son fundamentales para sobrevivir. Por si fuera poco, la nueva legislación va a impedir a los ayuntamiento aumentar el próximo año su endeudamiento por lo que vemos una difícil solución a este tema. Vale que se pongan en marcha planes 'e', menta y otros, pero el mejor plan del Estado es que los ayuntamiento tengan fondos para pagar a tiempo a sus proveedores".