La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada ha mostrado su “rechazo y descontento” ante la intención de la Consejería de Justicia de poner fin a las contrataciones de los refuerzos del Pacto de Estado con la Violencia de Género, que en el caso de la provincia de Granada se traduce en un total de 14 profesionales destinados a distintos puntos de la provincia como el Juzgado Mixto número 5 de Motril; los juzgados número 1 de Baza, Guadix y Órgiva; la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de la capital; el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía Provincial, entre otros. 

En una nota de prensa, el sindicato ha denunciado la “falta de transparencia” en la eliminación del centenar de refuerzos que asisten a determinados órganos judiciales en toda Andalucía, en su mayoría, juzgados con competencia en Violencia sobre la Mujer, así como la falta de respeto a los profesionales afectados que actualmente "desconocen qué va a pasar con ellos, despreciando la experiencia que han adquirido durante este periodo”.

La responsable de Justicia de CSIF Granada, Silvia Martín, ha lamentado “esta decisión adoptada unilateralmente por la Administración", vulnerando el derecho a la negociación colectiva y que dará lugar a "un claro empeoramiento de la calidad del servicio en los distintos órganos judiciales afectados”. En especial, la responsable sindical ha indicado que se verán "muy afectados" aquellos órganos judiciales que "ni siquiera disponen de una plaza específicamente creada para el tratamiento de un tema tan sensible como es el de Violencia contra la Mujer", y pone como ejemplo los juzgados de Órgiva, Baza, Guadix y Huéscar.

Martín ha subrayado además que las plantillas de estos partidos judiciales “llevan más de cuarenta años sin revisar y con una falta estructural de efectivos sin precedentes contando con cuatro funcionarios por juzgado, máximo cinco en algunos casos, para atender a una población que supera con creces la ratio por profesional establecida”.

La Central Sindical ha mostrado también su rechazo a los ceses acordados por la Administración y considera que se debe abordar un estudio sobre la consolidación de esas plazas como plantilla estructural con las que se paliaría la “insoportable” carga de trabajo sufrida por los profesionales de la Administración de Justicia de la provincia de Granada, que en muchos casos desempeñan su trabajo más allá de su jornada laboral.

Por ello, CSIF Granada reclama a la Consejería de Justicia que “dé un paso atrás” en su decisión respecto al cese de dichos refuerzos y proceda a  la convocatoria de una Mesa Sectorial con las organizaciones sindicales para poner sobre la mesa un estudio pormenorizado de las necesidades de recursos humanos existentes en cada órgano afectado, “acercándose con ello a una justicia realmente conectada al siglo XXI tanto en materia de recursos humanos como de infraestructuras”.