El proyecto para la ampliación del Hospital de Motril, que cuenta con una inversión superior a los seis millones de euros, se ha convertido en una de las promesas incumplidad del gobierno del PP en la Junta de Andalucía, así lo denuncia el integrante de la candidatura de Andaluces Levantaos al Parlamento de Andalucía por la provincia de Granada, David Martín. 

El andalucista declara que hace un año, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, declaraba que  "tras muchos años de promesas incumplidas, comienzan las tan esperadas obras de ampliación del Hospital Comarcal Santa Ana de Motril", algo que tras un año, la zona destinada para dicha ampliación continúa siendo un aparcamiento privado para vehículos del SAS, "no sirve ni para que el resto de usuarios ahorre el parking que es uno de los más caros de la comarca". 

Martín afirma que "los populares han ido hilvanando excusas para no cumplir los plazos, primero había un problema con la adjudicación, luego otro con la empresa que solicitaba una bonificación por ser una intervención de carácter público, después la crisis de suministros, la huelga de transporte… todo menos cumplir la palabra que habían dado".

"Esto es solo una de las muchas promesas incumplidas por el autodenominado gobierno del cambio, que sólo se ha notado en la modificación del nombre de algunas consejerías y en modificar algunos símbolos institucionales", asegura Martín.

Por otra parte, señala que salvo en el paréntesis de los momentos más duros de la pandemia "la sanidad pública jamás ha sido una prioridad para el PP ni para Ciudadanos, porque lo poco que han realizado para descongestionar la lista de espera ha sido desviar usuarios a la sanidad privada con el consiguiente gasto, en lugar de ampliar la plantilla del SAS y aprovechar los servicios públicos de la región que son unos de los mejores de España teniendo el cuenta el nivel de centros de referencia que hay en cada provincia".

Del mismo modo, Martín censura el bloqueo que existe a la hora de la baremación de méritos en la Oferta de Empleo Público para acceder al Servicio Andaluz de Salud "ya que no hay personal suficiente para revisar toda la documentación aportada por las personas que se presentan a las OPE y se da la circunstancia de que en algunos casos hay aspirantes que se han presentado este año sin saber siquiera  la nota que habían sacado en la anterior convocatoria, ni la valoración de sus méritos en la fase de concurso". Este colapso provoca situaciones como que este año se hayan presentado a los exámenes opositores que en 2019 habían conseguido su plaza y aún no se les había comunicado. Una situación que roza la ilegalidad. A día de hoy los opositores tienen que esperar  una media de siete meses mínimo para saber si han aprobado el examen.

 Por lo que proponen la descentralización del gobierno andaluz estableciendo en Granada la Consejería de Sanidad, además de blindar la sanidad pública asignando el 10% del PIB. Entre las propuestas plantean que los centros de salud abran en horario de mañana y tarde, con rotación de turnos del personal para garantizar la conciliación laboral y familiar, o la reducción del tiempo de espera para pruebas diagnósticas y para consultas de especialidades, aprovechando los CHARES.

 Las oposiciones se convocarán con carácter bianual, contemplando la tasa de reposición. Del mismo modo, Andaluces Levantaos equiparará el salario y la carrera profesional a la media nacional, para evitar la fuga de cerebros y la dificultad para cubrir algunas plazas como ocurre en verano, y ya casi todo el año, en el hospital de Motril.

Señalan que si la formación forma parte del próximo gobierno de la Junta, la Salud Mental estará garantizada en la atención primaria con psicólogos clínicos. Las consultas de pediatría estarán en consultorios, centros de salud y servicios de urgencia. Asimismo, los hospitales comarcales estarán dotados de endocrinos, neurólogos y neuropsicólogos, "no podemos permitir que un hospital como el de Motril no disponga de un electroencefalógrafo".

Por último, Martín afirma que desde Andaluces Levantaos quieren luchar contra la precariedad laboral que también se promueve desde las administraciones públicas, por lo que el SAS no realizará contratos a sanitarios con una duración inferior a seis meses, una vez que se haya superado el periodo laboral de prueba.