Una casa de 'aperos' de 300 metros cuadrados construida ilegalmente en el paraje forestal protegido de Diezma conocido como Fuente de la Higuera ha sobrevivido en pie durante nueve años, a pesar de las once órdenes de demolición que durante este tiempo ha firmado el juez de lo Penal que en 2011 condenó al promotor a seis meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. Cuando faltan pocos días para la nueva fecha fijada para el derribo (el 27 de enero próximo), el constructor y el Ayuntamiento de Diezma han pedido suspenderlo porque el municipio ha iniciado un expediente de legalización. Pero el intento, rechazado por el juez, podría volverse en contra de la alcaldesa del municipio, que está ahora en el punto de mira de la Fiscalía. 

Cuando llegó al juzgado la última petición para suspender otra vez la demolición, cuya dilación "causa absoluta perplejidad" por la "actitud del penado", la Fiscalía propuso al juez su rechazo y que le remitiera testimonio de los escritos enviados por el Ayuntamiento, "a los efectos legales oportunos". El juez ha aceptado ambas cosas, de modo que fijó el derribo para el 27 de enero y ordenó el envío de los documentos municipales al Ministerio Público, por si la fiscal considera que hay motivos para deducir testimonio y abrir una investigación por el papel que pretende desempeñar ahora el Ayuntamiento de Diezma.

Para esa nueva fecha prevista para el derribo el 27 de enero, tendrán que acudir los operarios y la maquinaria de la Diputación Provincial (que no se presentaron para atender la última orden judicial del pasado noviembre), así como la Guardia Civil, que tiene autorización expresa del juez para el "uso de la fuerza" en caso de resistencia. 

La casa construida en Fuente de la Higuera fue declarada ilegal por el juez de lo Penal 3 de Granada, que en 2011 dictó sentencia contra el promotor de la obra. Antonio R. V. fue condenado a seis meses de cárcel por delito urbanístico, una pena reducida gracias a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que incluyó la demolición del inmueble por parte del mismo acusado para no tener que ingresar en prisión. 

Pero, como relata la fiscal en un reciente informe, "causa absoluta perplejidad que a pesar de la firmeza de la sentencia que fue dictada el penado interpusiera recurso" a la Audiencia Provincial (que fue desestimado) y que luego haya eludido el derribo de la casa durante años y con una decena de órdenes judiciales de ejecución de la sentencia. 

Pero quizás el giro más sorprendente y que la Fiscalía no pasa por alto es el del reciente intento de personación en la causa del Ayuntamiento de Diezma para evitar el derribo y proceder a la legalización del inmueble al amparo del reciente Decreto aprobado por la Junta de Andalucía para la regularización de miles de viviendas que actualmente están en un limbo jurídico.

El propio Ayuntamiento de Diezma abrió expedientes sancionadores y actuó contra esta obra ilegal mientras estuvo en construcción, antes de la sentencia que ordenaba el derribo definitivo en 2011. Pero la actual alcaldesa del PSOE, Emilia Troncoso, ha virado la posición municipal y el pasado 22 de noviembre firmó una resolución de Alcaldía por la que se abre expediente de legalización, al amparo del decreto de la Junta para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares.

Esa amnistía de la Junta para viviendas en situación irregular es de dudosa aplicación a un caso como éste, en el que hay sentencia firme. El juez, en el auto de diciembre en el que desestimaba la petición de suspender el derribo, explicaba que "la demolición de los construido con infracción de las normas es una consecuencia jurídica necesaria prevista en la Ley" y agregaba que "tiene la demolición un añadido de política criminal imposible de sortear". 

En relación a la posible aplicación del decreto de 2019 aprobado por el Gobierno andaluz del PP y Cs, el juez expone que la edificación de este caso está construida sobre terreno no urbanizable de especial protección y que "es claro y evidente que el citado Decreto Ley no sería de aplicación a la edificación irregular objeto de estas actuaciones". 

Además, agrega el magistrado que en el mismo Decreto se establece que la hipotética declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular (que sería lo que trata de hacer el Ayuntamiento con esta casa) "no supone su legalización, ni produce efectos sobre aquellos otros procedimientos a los que hubiera dado lugar la actuación realizada en contra del ordenamiento jurídico".

La fiscal también se opuso por completo a volver a suspender la demolición e insistió en la obligación de ejecutar la sentencia de 2011. Además, la movimiento realizado por el Ayuntamiento, en ese intento por regularizar la obra, ha debido de levantar suspicacias en la Fiscalía, que podría investigar el asunto si encuentra algún indicio de ilícito en la documentación reclamada. 

Tanto el juez como la fiscal reiteran que el derribo se debe llevar a cabo "sin más dilación", debido a los años de retraso que este asunto acumula por diversos motivos. El Ministerio Público reprocha al promotor condenado su "estrategia dilatoria". 

Hasta 2018, el acusado fue requerido por el Juzgado en siete ocasiones para que demoliera la edificación, como quedó señalado en la sentencia de 2011. "Finalmente no habiendo procedido voluntariamente el penado a la demolición", se acuerda que ésta se haga a su cargo. Es decir que sería la Diputación la que encargara los trabajos de derribo, pero a cuenta del promotor. 

En la siguiente fecha fijada, las máquinas se toparon con una cancela cerrada y quedó aplazado. A la novena ocasión, el problema fue que un día antes de la fecha fijada, Antonio R. V. alegó que su esposa no había sido notificada. La décima vez fue en noviembre pasado, y entonces no se presentaron las máquinas ni los operarios.

Ese mismo mes comenzó el trámite en el Ayuntamiento de Diezma para regularizar la obra, lo que dio pie al promotor a pedir otra vez la suspensión del derribo. Pero el juez la ha rechazado y ha fijado una nueva fecha para el próximo 27 de enero. Esta vez ha autorizado a la Guardia Civil al uso de la fuerza si fuera necesario para la entrada en la vivienda "para el caso de existir oposición, todo ello en presencia de la correspondiente comisión judicial".