La Diputación de Granada afirmó ayer que ha abierto una nueva etapa en la gestión del servicio de tratamiento de residuos en los municipios de la provincia poniendo las bases del saneamiento de la deuda que durante años ha acumulado el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos Resur. Tras disolver este lunes este ente, una comisión liquidadora, con representación de los tres partidos del pleno provincial y alcaldes de diferentes signos políticos, se ha hecho cargo de articular un nuevo modelo de gestión del que se hará cargo directamente en la Diputación de Granada.

Se trata, según ha explicado el presidente de la institución provincial, Sebastián Pérez, de "unificar criterios, no suplantar actividades ni responsabilidades y ceder competencias a quien tiene que tenerlas que es la Diputación". En una apuesta por una gestión marcada por "el control, el rigor y la fiscalización", Sebastián Pérez argumenta que ha impulsado la eliminación de "todo lo que sea gasto superfluo y estructuras que han creado miles de puestos de trabajo para personas vinculadas a determinados partidos políticos.

La deuda de Resur pasó de 3 millones de euros en 2003 a 22 millones de euros en 2011. Cada mes asciende otros 360.000 euros de modo que se calcula que podría rondar los 40 millones de euros el 31 de diciembre de 2014 cuando expira el contrato por el que la empresa Fomento de Construcciones y Contratas tiene la concesión del servicio.