La Fiscalía de Granada ha pedido tres años de cárcel para un promotor acusado de cobrar a una docena de extranjeros por una promoción de casas que no terminó de construir en Ítrabo (Granada) y una pena similar para otro empresario por vender el patrimonio de la firma y dejar una deuda millonaria.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, la causa arrancó en abril de 2006 cuando el acusado José Miguel A.R., administrador de la empresa de Almuñécar Promociones Medinager, anunció la construcción de "Pueblo Marinero" en Ítrabo.

Esta promoción de casas con garaje atrajo a catorce compradores, todos extranjeros y que entregaron en concepto de señal o anticipo una media de 30.000 euros por vivienda, dinero que el acusado ni depositó en una cuenta, ni utilizó para constituir aval o garantía alguna para sus clientes.

En enero de 2007, el acusado firmó un contrato de 4,7 millones con la empresa Fernández Aragón SL para construir las viviendas, aunque la firma no acabó las casas porque dejó de cobrar lo acordado y fue acumulando deuda pendiente de cobrar hasta que la promotora se declaró insolvente.

Esa situación dejó una deuda con la empresa constructora, las casas sin acabar y los compradores sin dinero hasta que el 23 de julio de 2008 el también acusado Juan C.S. compró Medinager y asumió las deudas, incluidos dos millones pendientes de pago a Fernández Aragón, dos préstamos con CAM y CajaMar y, como activo, una promoción de viviendas en Garrucha (Almería).

"Con la intención de eludir el pago a los numerosos acreedores", según la Fiscalía, este segundo propietario de la empresa vendió la promoción de Garrucha a una tercera empresa de la que, tiempo después, era administrador único, una estrategia para descapitalizar la promotora original y quedarse el patrimonio.

Así, según han explicado a Efe fuentes del caso, este segundo acusado dejó a Medinager sin patrimonio para responder a los derechos de los afectados, sin casa a los compradores y sin pagar los préstamos suscritos con las entidades bancarias.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de apropiación indebida que ha atribuido al dueño original de la empresa, José Miguel A.R., para quien ha pedido una condena a tres años y medio de prisión y el pago de una multa de 3.240 euros.

El segundo acusado se enfrenta a una petición de condena a tres años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes y al pago de una multa de 7.200 euros.

Los dos procesados iban a ser juzgados en tres sesiones en la Audiencia de Granada, que ahora reconfigura el señalamiento de los juicios por la crisis sanitaria.