La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez y al arquitecto municipal por la presunta autoría de un delito de prevaricación al haber alterado la edificabilidad y densidad de unos terrenos en beneficio de las promotoras que intervinieron en la operación.

En su decreto, dado a conocer por el PP, la Fiscalía mantiene que se hizo una "utilización interesada de un simple estudio de detalle para lograr un lucrativo aumento" de la edificabilidad y densidad por encima de los límites fijados en el verdadero plan eludiendo "todos los trámites esenciales de control".

El estudio de detalle permitió pasar de un techo edificable de 24.487 metros cuadrados con un límite máximo de 152 viviendas, a uno de 43.483 metros sin límite máximo de viviendas.

La Fiscalía, que apoya sus argumentos en distintos informes, entre ellos uno elaborado por el Seprona, dice que se pasó a una edificabilidad "muy superior a la inicial y sin límite en la densidad de viviendas por hectárea de forma injustificada y groseramente ilegal".

Además, agrega, "no sólo contradice lo dispuesto en el plan parcial y las propias normas subsidiarias", sino las determinaciones de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). "Además, es tal el absoluto desprecio por la ordenación aplicable", señala el fiscal, que "los hechos investigados indiciariamente revelan por parte del arquitecto y el alcalde implicados que ni siquiera tienen reparo en incluir en el estudio de detalle suelos que pertenecen a otros sectores no desarrollados mediante plan parcial y que, por tanto, no pueden ser urbanizados".

Ese estudio de detalle, relativo a la ordenación del plan parcial SR3, fue redactado por el arquitecto municipal en 2005 y aprobado en pleno un año después y, según el Seprona, supuso un incremento de edificabilidad a cambio de la cesión de espacios libres de un 20% de la superficie de la manzana.

Se trata, entiende la Fiscalía, de la presunta utilización de un instrumento de planeamiento "meramente complementario " para realizar un cambio tipológico y un aumento de la edificabilidad prescindiendo de las garantías precisas.