La Consejería de Obras Públicas de la Junta sentó ayer a diez alcaldes y dos representantes de entidades locales de la provincia en la sede del Gobierno andaluz en Granada para firmar un convenio por el que 251 familias con viviendas que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad podrán residir en una casa digna.

Concretamente, los municipios de Fornes, Játar, Benalúa, Freila, Cogollos Vega, Colomera, Huélago, Huéscar, Láchar, Moraleda y Sorvilán han sido, en esta ocasión, los beneficiados por el acuerdo que, en palabras de la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, se ha centrado en pueblos pequeños con el fin de evitar su despoblamiento.

En total, las familias contarán con una subvención de la administración autonómica para acometer las obras de mejora de sus viviendas de 5,65 millones de euros.

Los beneficiarios han sido personas con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) y las ayudas podrán llegar hasta 23.000 euros. En el caso de viviendas que están vacías, la Consejería anunció que saldrán al mercado de alquiler y se reservarán a inquilinos con ingresos inferiores a 2,5 del IPREM.

Los alcaldes asistentes destacaron la importancia de las ayudas para el desarrollo de sus municipios, aunque también hubo voces críticas. Así el regidor de Huélago, Luis Ramírez, lamentó que la Junta de Andalucía no haya atendido todas las peticiones realizadas por este municipio, a la vez que el regidor de Huéscar, Agustín Gallego, pidió a la consejera que los precios se ajusten al alza en previsión de las subidas que afectan a la construcción.