El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido una sentencia que da la razón al Ayuntamiento de Alhendín en su reclamación al Ministerio de Hacienda de una cantidad de 420.000 euros en concepto de los intereses indebidamente cargados al Consistorio en 2015 (lo anterior ya había prescrito), según el juez, relativos al Plan de Pago a Proveedores que entonces puso en marcha el Gobierno de España.

Aunque dicha sentencia ha sido recurrida por el Estado, el alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, sostiene que "es un caso con una argumentación aplastante" y que "el reintegro de esa cuantía le vendrá de maravilla a las arcas municipales, pues permitirá incrementar el dinero destinado a inversiones en el pueblo".

Tal y como explica el regidor, "cuando decidimos acogernos al Plan de Pago a Proveedores, no era viable la fórmula de préstamo bancario, así que optamos, como muchos otros ayuntamientos españoles, por que el Gobierno nos retuviera una parte de su asignación mensual en concepto del PIE o Participación en los Ingresos del Estado".

Rodríguez añade que "llegó un momento en el que el Ministerio rebajó del 6% al 2% los intereses a los municipios con préstamos bancario, pero no a los demás, cuando el Real Decreto que regula el plan no hacía distinción entre ambos métodos de pago".

Una vez detectado esto, el Ayuntamiento de Alhendín presentó una reclamación a Hacienda y, tras su rechazo, interpuso un recurso contencioso administrativo que ha desencadenado en la sentencia a favor del Consistorio granadino por la que la retención indebida de intereses por un valor de 375.955,26 euros, más los de demora desde que se produce esto, ascienden a 420.000 euros.

El alcalde de Alhendín, satisfecho de que el municipio haya detectado esta irregularidad y el juez le de la razón, asegura que "hubiese hecho lo mismo, independientemente del signo político del Gobierno, porque siempre he trabajado y trabajaré por los intereses de mi pueblo".

A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva el recurso del Estado, este caso puede crear antecedentes y provocar que otros muchos ayuntamientos de España emprendan el mismo camino que el de Alhendín.