El Ayuntamiento de Monachil pedirá ayuda al Gobierno central para poder hacer frente a dos sentencias urbanísticas condenatorias por las que tendrá que pagar seis millones de euros, ambas por licencias concedidas hace más de una década con gobiernos del PP.

El Consistorio solicitará adherirse al Fondo de Ordenación para Entidades Locales para poder pagar los seis millones de euros que debe a dos empresas constructoras por sendas sentencias judiciales relacionadas con licencias urbanísticas de 2004 y 2007, cuando gobernaba el Partido Popular.

El alcalde de Monachil, José Morales (PSOE), ha informado en un comunicado de que se trata de la “última alternativa” para evitar que el juzgado intervenga las cuentas municipales y embargue los bienes, lo que les impediría prestar servicios. Además, y para poder pagar estas sentencias, el Ayuntamiento se verá obligado a subir el tipo impositivo del IBI por primera vez desde 2013 y recaudar así unos 400.000 euros anuales extra, según Morales.

El Ayuntamiento de Monachil también aprobará antes de que finalice el año la ampliación de la zona azul en la Urbanización de Pradollano, en Sierra Nevada, otra vía para incrementar la recaudación municipal en 180.000 euros y afrontar las condenas.

La primera de las dos sentencias que el Consistorio debe pagar es la del denominado Edificio Marisol, que el Ayuntamiento autorizó construir en noviembre de 2004. Se trataba de un bloque de 84 apartamentos ubicado en una parcela de la urbanización de Pradollano, en Sierra Nevada, cuyas obras fueron paralizadas por irregularidades en la concesión de la licencia de obras.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó por ello al Ayuntamiento de Monachil a pagar a la constructora Serralbol S.L. más de 4,5 millones de euros, incluyendo los correspondientes intereses, según ha informado el Consistorio en su nota de prensa.

La otra sentencia urbanística a la que el Ayuntamiento debe hacer frente se refiere a un edificio de viviendas en la calle Tejares, que "el PP autorizó construir de manera ilegal, y por el que los vecinos de Monachil tendrán que abonar a la constructora Ferteban más de 1,5 millones de euros".

A estos seis millones de euros de sentencias urbanísticas hay que sumarles, además, los ocho millones de euros de la deuda que el Ayuntamiento tenía con los bancos y proveedores, "y que nos encontramos cuando entramos a gobernar en 2015", ha señalado el alcalde.

Pese a todo, "en los últimos cuatro años, hemos logrado reducir esta deuda con los proveedores en más de tres millones de euros, y hemos pagado más de 600.000 euros de la primera de estas sentencias judiciales, a razón de 19.000 euros mensuales", ha agregado.