La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), como presunto autor de uno o varios delitos de prevaricación administrativa y urbanística en la construcción de la Urbanización Medina Elvira Residencial y un campo de golf anexo, además de otras obras de su entorno.

El decreto del Ministerio Público precisa que de las diligencias de investigación penal abiertas tras las denuncias de varios colectivos - IU, PP o Ecologistas en Acción- se deduce la existencia de "indicios suficientes" de prevaricación, construcción ilegal y falsedad.

Aunque formula denuncia contra el regidor, el fiscal considera que la imputación que se formule deberá extenderse a quienes hayan votado a favor de acuerdos presuntamente ilegales y hayan informado igualmente en la tramitación de los expedientes. Igualmente, se refiere en este sentido a los responsables de la empresa Nadasol y Vladigolf SA y a las personas concretas que procedieran a las construcciones ilegales o falseado unos planos.

En un decreto de veintisiete páginas, el fiscal Luis Salcedo se refiere a diferentes hechos relacionados con los convenios urbanísticos, las actuaciones administrativas y las obras realizadas, que, en síntesis, son las de edificación de la urbanización Medina Elvira prevista para 3.500 viviendas.

A éstas se suman la construcción de un campo de golf de dieciocho hoyos anexo al citado residencial, la construcción de una estación depuradora en el anejo de Caparacena y otras obras que afectan a las infraestructuras de la zona, en la que también está previsto un hotel.

Estas actuaciones, relata el fiscal, fueron diseñadas para una finca que el Consistorio, a través de la sociedad municipal Proyecto Atarfe vendió, -"no se acaba de comprender porqué"- por un importe inferior a su valor de tasación.

En concreto, según la escritura de compraventa, los convenios firmados y la nota registral, el precio es de 3,6 millones de euros, por lo que "no deja de ser extraño" -refiere Salcedo- que días después la finca se tase a efectos de subasta en 8,4 millones.

Todo ello, al margen de que, indica el decreto del Ministerio Público, la percepción total de estas cantidades esté sujeta a un hecho "futuro e incierto" que no depende del propio Ayuntamiento, como es la aprobación del futuro Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.

El PP de Granada exigió ayer al PSOE que actúe ante la gestión de Víctor Sánchez, inmerso en otros procedimientos judiciales por actuaciones urbanísticas.

El secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón, pidió la dimisión del regidor socialista que ha llevado al municipio a una situación "desastrosa". Por ello, demandó una actuación al secretario general del PSOE de Granada, Francisco Álvarez de la Chica, y al presidente de la Junta y secretario general del PSOE andaluz, Manuel Chaves. El PSOE "debería tomarse la política urbanística con mucho más interés", según Ayllón, porque de lo contrario "sus discursos en Granada no sirven, son mentira y no respetan a los granadinos".