El PP acusó ayer al gobierno de José Entrena (PSOE) en la Diputación de Granada de vulnerar el anonimato de medio millar de aspirantes que concurren al proceso selectivo de plazas de auxiliares de enfermería al "obligarles" a que indicaran su nombre, apellidos y DNI en una de las pruebas escritas.

Según informó el grupo popular, se trata de un proceso de consolidación de empleo de trece plazas de auxiliares de enfermería, que ya tuvo que ser paralizado en el año 2011 ante denuncias de irregularidades por parte de los propios opositores. El procedimiento, que ha sido reanudado, lo ha hecho "envuelto en la polémica" por criterios anómalos en algunas de las pruebas al no ajustarse a la Ley de Administración Local, según el PP.

La diputada Soledad Martínez explicó que, en el segundo examen que se realizó a finales del mes de mayo, los aspirantes a las plazas de auxiliar de enfermería vieron cómo se ha "vulnerado" uno de los principios básicos de los procedimientos de selección de los funcionarios de administración local, que establece que en los ejercicios escritos "siempre deberá garantizarse el anonimato de los opositores".

Sin embargo, en el examen escrito para obtener una plaza de auxiliar de enfermería en la Diputación el tribunal de selección dio la instrucción "directa" de que los opositores indicaran en todos los folios su nombre, apellido y número de documento nacional de identidad. "Consideramos que no había ninguna causa de fuerza mayor que imposibilitara este principio mínimo que ha de regirse en el acceso a la función pública. El anonimato preserva la objetividad a la hora de corregir un examen y garantiza que el tribunal asigne una puntuación más justa al aspirante, y que nadie pueda beneficiar a unas personas frente a otras", expuso Martínez.

El grupo popular se ha hecho eco de la "denuncia" de los 455 opositores que han concurrido a una de estas trece plazas y exigió a Entrena, como presidente de la Diputación, que explique cuáles son los motivos que han impedido que se garantice el anonimato de los aspirantes a un proceso de empleo público en la institución y justifique esta vulneración de la ley.

Los populares reclamaron que, si Entrena no es capaz de justificar estos motivos, se repita el ejercicio o que se cambie el tribunal de selección. "La garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad, y eso solo es posible mediante el anonimato de los aspirantes", recalcó la diputada. "Creemos que no se garantiza la confidencialidad e imparcialidad de esos ejercicios, porque si bien en cierto que en un ejercicio tipo test las respuestas son correctas o incorrectas y no hay un margen para la discrecionalidad, en los ejercicios de desarrollo y supuestos prácticos existen muchos protocolos a actuar y la subjetividad es más fácil de llevar a cabo", sentenció.