El secretario general del PP en la provincia, Antonio Ayllón, volvió ayer a aludir a la "doble vara de medir" de los socialistas, en este caso a cuenta del juicio que acaba de quedar visto para sentencia y en el que se piden ocho años de inhabilitación para el alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, como presunto autor de un delito ecológico.

En rueda de prensa, Ayllón destacó que el "currículum judicial" de Sánchez lo igualan pocos políticos en la provincia y destacó la labor del fiscal del caso, especialmente meritoria porque, a su juicio, ha tenido que trabajar "sin tener todos los medios a su disposición".

Ayllón enganchó esa crítica a otra que ya ha hecho en anteriores ocasiones: la labor del jefe de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, Luis De Haro, quien a su entender debió recomendar en este caso la realización de escuchas telefónicas. "¿Por qué nunca se ordenan cuando los sospechosos son dirigentes del PSOE?", se preguntó.

El dirigente del PP también se refirió a las "muy costosas campañas de promoción" que ha hecho el regidor atarfeño y añadió que estaría bien saber "de dónde procede ese dinero", tras lo cual mencionó la existencia de un empresario "muy vinculado" al alcalde, recordó que algunas investigaciones han apuntado a la posibilidad de que en esa localidad haya quien se esté "enriqueciendo de manera ilegal", y reclamó que la investigación del patrimonio de los políticos socialistas a quienes se implica en operaciones presuntamente ilegales.

Se lo pidió, sobre todo, a la dirección provincial socialista. "Debería tomar medidas para eliminar a sus políticos corruptos de las posiciones que ocupan, en vez de ponerse de rodillas ante el alcalde de Atarfe y ante el clan de Armilla", finalizó.

En el juicio, además del alcalde, estaban acusados los concejales socialistas Tomás Ruiz y Luis Pozo, y el jefe del Servicio de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, José María Visedo.