Íllora y Peal de Becerro, dos pueblos del interior de Andalucía, de las comarcas del poniente granadino y de la sierra de Cazorla, han visto este verano rota su tranquilidad habitual a raíz de los homicidios de dos jóvenes, Álvaro y Juan, que levantaron a parte de la población contra el entorno de los presuntos agresores.

El pasado 15 de agosto, de madrugada, Juan, un estudiante de 19 años de la Universidad de Almería y vecino de Íllora, falleció tras ser golpeado mortalmente en el entorno del recinto ferial de esta localidad granadina, presuntamente por otro joven de 23 años que permanece en prisión provisional como supuesto homicida.

Esta agresión motivó que este pueblo del Poniente granadino convocara una concentración espontánea para exigir justicia, que se desarrolló de forma pacífica, aunque, posteriormente, se registraron incidentes contra inmuebles y vehículos de la familia del supuesto agresor.

Un mes antes, el 17 de julio, Álvaro, de 29 años, fue apuñalado mortalmente también de madrugada en las inmediaciones del local de ocio de Peal de Becerro (Jaén), en el que trabajaba como personal de seguridad, una agresión por la que hubo cuatro detenidos, dos de los cuales ingresaron en prisión provisional mientras que los dos restantes quedaron en libertad con cargos.

A raíz de este suceso se produjeron incidentes después de una manifestación convocada en repulsa por el crimen en esta localidad jiennense, tal y como ocurriera un mes después en Granada, donde fueron dañados varios vehículos y viviendas, una de ellas por fuego, en la calle donde vivían algunos de los arrestados.

Ambos hechos han motivado que distintos colectivos en representación del pueblo gitano denunciaran los ataques, pidieran una investigación a la Fiscalía por posible antigitanismo y racismo, y que el Ministerio de Derechos Sociales convocara una reunión urgente ante los asaltos contra familias gitanas.

Estos asaltos conllevaron también la denuncia por parte de distintos colectivos en representación del pueblo gitano, entre ellos el Consejo Estatal que lo representa, que ha reiterado la situación sostenida de "desamparo" a la que se enfrentan las familias atacadas, que tanto en el caso de Jaén como en el de Granada en un primer momento tuvieron que huir de los pueblos por temor a represalias.

Después de que algunas voces hayan reclamado el "destierro" de las familias de los presuntos agresores, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano se ha visto obligado a aclarar que en el ordenamiento jurídico español no existe tal pena de destierro y que las condenas privativas de derechos solo se pueden acordar en sentencia judicial por hechos determinados y únicamente para el autor concreto de los mismos.

Mientras que los vecinos de ambos pueblos siguen recordando a los dos jóvenes vecinos fallecidos y avanzan las investigaciones abiertas por los ataques contra familias gitanas, ambos pueblos han ido recuperando su habitual tranquilidad y convivencia pacífica, tal y como han indicado a EFE desde sus respectivos ayuntamientos.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía han trasladado a EFE que los sucesos acaecidos en Peal de Becerro e Íllora son "hechos aislados" y que no se puede hablar de que haya habido un incremento de delitos de odio contra personas gitanas en esta comunidad en los últimos meses.

En ambos municipios la situación se ha "normalizado", según han indicado desde la Delegación del Gobierno, que ha recordado que el Gobierno ha aprobado el segundo plan nacional de lucha contra los delitos de odio (2022-2024) y que, en su aplicación en Andalucía, se han creado unidades específicas para perseguir tales delitos en todas sus provincias.

Para ello, existen brigadas de información de Policía Nacional y de las unidades periféricas de la Guardia Civil y, además, los agentes son formados específicamente en antigitanismo.