Provincia

Los chiringuitos pierden la mitad del negocio por la restricción de acceso

  • Los propietarios de los establecimientos de Cantarriján aseguran que la decisión de prohibir el acceso de vehículos les ha hecho despedir a ocho empleados

Los propietarios de los dos chiringuitos situados en Cantarriján manifestaron ayer su "indignación" por la decisión de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada de restringir totalmente el acceso de vehículos a la playa, de forma que todas las personas que quieren llegar deben hacerlo a través de una lanzadera de pago. Los establecimientos denuncian una caída del 50% de su volumen de negocio, lo que les ha obligado a realizar ocho despidos.

La medida de restringir el acceso de vehículos a la playa sexitana de Cantarriján, enclavada en el paraje natural de Maro-Cerro Gordo, comenzó a aplicarse la pasada temporada estival, aunque entonces se permitía la entrada a la playa de un máximo de cien vehículos. Una vez alcanzado, las personas que querían acceder debían aparcar junto a la carretera nacional 340 y bajar a la playa a través de un servicio de lanzaderas, con un coste de dos euros para el viaje de ida y vuelta.

Ya entonces los propietarios de los dos chiringuitos de Cantarriján, La Barraca y La Bola Marina, denunciaron los perjuicios económicos que les ocasionaba la medida. La obligación de pagar por el acceso -a menos que se hiciese a pie- hizo desistir a muchos habituales de esta playa naturista de seguir acudiendo, al menos con la misma frecuencia. Pero, según la propietaria de La Barraca, Rosario Barbero, la situación de los establecimientos ha empeorado más aún en la presente temporada, después de que Medio Ambiente decidiera restringir totalmente el acceso vehicular con la sola excepción de los coches de los propietarios y trabajadores de los chiringuitos y los camiones de reparto.

Barbero indicó que ambos establecimientos estaban preparando "con mucha ilusión y esmero" el inicio de la temporada estival, "después de los daños de la riada" del 21 de septiembre pasado. Sin embargo, esta nueva situación ha supuesto "un fuerte palo para" los propietarios, pero también para los trabajadores. Según la empresaria, hasta la fecha, los dueños de los dos establecimientos se han visto obligados a despedir a ocho empleados -cuatro de cada chiringuito- debido al descenso de la clientela.

La dueña de La Barraca sospecha que la medida tomada por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía podría tener como objetivo "favorecer a la empresa adjudicataria del servicio de lanzaderas, que es de Torre del Mar, que se encarga del mismo servicio en la playa del Cañuelo", situada en el mismo paraje natural, aunque en territorio malagueño. Por otra parte, criticó que el Ayuntamiento de Almuñécar no se haya pronunciado sobre el asunto, teniendo en cuenta que "uno de los caminos que han sido cortados es de titularidad municipal".

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