Provincia

La empresa de suelo de Otura pagó facturas que la interventora vetó

  • Se trata de dos cobros por valor de más de 13.000 euros por trabajos de los que tanto la funcionaria como el secretario "no tenían constancia" que se estuvieran realizando y autorizados por el alcalde

13.340

Un juez de Penal de Santa Fe ha estado investigando durante unos diez meses, bajo secreto de sumario, las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz, en al menos cinco casos que podrían ser constitutivos de "ilícito penal". Lo curioso de este caso en cuestión es que fue el propio secretario municipal el que formuló la denuncia, amparada en informes de la interventora municipal, en el que se llega a acusar de la emisión de facturas por parte de la empresa de vivienda y suelo de la localidad "desconociéndose a quién ni a qué finalidad ha ido a parar el dinero pagado por el Ayuntamiento".

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el secretario municipal relata al Juzgado de lo Penal de Santa Fe que "le constan" al menos dos facturas de la empresa municipal de vivienda, suelo y equipamiento de Otura SL, Emovise, que, señala el escrito, "no ha tenido prácticamente actividad alguna que le conste al funcionario que suscribe". Una de ellas fue aprobada por resolución de Alcaldía y otra por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, y ambas suman un importe de 13.340 euros. En el primero de los casos, se trata de un expediente relativo a los "trabajos realizados para los estudios e informes previos a la ejecución material, así como las acciones necesarias tanto técnicas como administrativas, para llevar a cabo la encomienda de gestión aprobada en pleno" con el fin de "la ejecución de todos los trabajos necesarios de gestión y ejecución para la ampliación del edificio del Ayuntamiento".

Según puntualiza el secretario en la denuncia del 23 de noviembre del año pasado, la interventora "accidental" realizó el informe de fiscalización y reparos, en el que la funcionaria defiende que "consultada el área urbanística la documentación relacionada con la obra ampliación de la Casa Consistorial, no consta la existencia de expediente abierto sobre la ejecución material de dichas obras". Además, "se desconoce la existencia de trabajos realizados para los estudios e informes previos a la ejecución de la obra, tal y como se describe en la factura presentada" por valor de 8.352 euros. El informe de la interventora concluye que "no se debería proceder a la aprobación del gasto".

En la segunda de las facturas, de 4.988 euros, se trataría de la formalización de la segunda fase de los estudios e informes previos a las obras del primer expediente. En este caso, el pago fue aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Otura también con el informe correspondiente de la interventora, que este caso no figura en la denuncia. Lo que sí figura, tanto en este pago como en el anterior, es la afirmación del secretario de que "no le constan los trabajos y estudios" a los que se refieren los expedientes ni "a qué finalidad puede haberse destinado los fondos pagados" por las arcas de Otura.

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