La Fiscalía ha pedido más de tres años de cárcel para el acusado de recibir de una veintena de extranjeros una media de 30.000 euros en concepto de señal por unas casas en Ítrabo  que no terminó y adeudar al constructor dos millones y la misma pena para el comprador de la empresa, que la descapitalizó.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido, la causa se remonta a 2007 cuando el acusado José Miguel A.R., administrador único de la mercantil Promociones Medinager ubicada en Almuñécar, diseñó una promoción de casas y garaje en Ítrabo llamada Pueblo Marino"

Con este proyecto, José Miguel firmó una veintena de contratos privados, todos con extranjeros, de los que recibió una media de 30.000 euros en concepto de señal por las viviendas.

Aunque recibió esas cantidades en concepto de anticipo, el acusado no ingresó el dinero en una cuenta destinada a tal fin ni contrató un seguro ni un aval como marca la legislación.

Tras recibir el dinero, el acusado contrató a una empresa para ejecutar las obras por un importe total de 4,7 millones, pero dejó de pagar las certificaciones de obra, por lo que la promoción quedó a medias, los compradores sin dinero y sin casa y a la empresa constructora con una deuda de casi dos millones de euros.

La promotora estaba a finales de 2007 en situación de insolvencia y con numerosas deudas, pero tenía como patrimonio la promoción de viviendas y una similar ubicada en Garrucha (Almería).

Con esta situación económica, José Miguel vendió la empresa en participaciones al también acusado Juan C.S., que firmó un contrato en el que subrogaba las deudas, los pagarés y compromisos y el préstamo hipotecario que tenía el vendedor con dos bancos.

Con la intención de no pagar a los acreedores, Juan otorgó por escritura pública en julio de 2008 la finca de Garrucha a una tercera mercantil, en la que fue nombrado administrador único unos meses después, una operación con la que dejó sin capital ni patrimonio a la empresa que antes había comprado.

Esta operación perjudicó según la Fiscalía a compradores que no recibieron ni dinero ni casa, al constructor y a las entidades bancarias, que dejaron de recibir las cuotas de los préstamos.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de apropiación indebida por el que ha pedido para José Miguel una condena a tres años y medio de prisión y el pago de una multa de 3.240 euros.

También ha sumado un delito de alzamiento de bienes, por el que ha interesado que se condene al segundo acusado a tres años de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros.

Los dos acusados serán juzgados por estos hechos en tres sesiones y desde el próximo 13 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.