Tribunales

Abren juicio al exalcalde de Castril por gastar más de 47.000 euros en taxis

  • La Fiscalía ha solicitado una condena a cuatro años y medio de prisión, ocho de inhabilitación absoluta y el pago de más de 47.000 euros

Abren juicio al exalcalde de Castril por gastar más de 47.000 euros en taxis Abren juicio al exalcalde de Castril por gastar más de  47.000 euros en taxis

Abren juicio al exalcalde de Castril por gastar más de 47.000 euros en taxis

El exalcalde de Castril,  José Juan López Ródenas (PSOE), se enfrenta a penas de cárcel por prevaricar presuntamente al pagar 47.000 euros en facturas de taxi, según el auto del juzgado instructor, al que ha tenido acceso Efe, que ha acordado juzgar a López Ródenas, conocido como Juan Mar,  tras la acusación formulada por la Fiscalía, que lo considera responsable de un delito continuado de prevaricación y otro también continuado de malversación de caudales públicos.

En su descarga, cuando este periódico avanzó la auditoría externa que encargó el Ayuntamiento en el que se detallaban los 47.000 euros en taxis, Juan Mar señaló que  estos gastos -que la auditoría cifra en 47.246 euros entre el 1 de enero de 2008 y el 11 de junio de 2011- son el equivalente a las dietas por kilometraje y manutención de la mayoría de los alcaldes y concejales. "Como yo no tengo vehículo propio ni carnet de conducir, siempre he hecho mis desplazamientos en un transporte público, es decir, en un auto taxi del pueblo", aaseguró Juan Mar en 2013, para puntualizar que no consideraba que los 13.400 euros anuales en transporte sean un gasto "excesivo o escandaloso", más aún por los logros alcanzados gracias a esos viajes. 

En su escrito provisional de acusación, al que también ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público ha solicitado una condena a cuatro años y medio de prisión, ocho de inhabilitación absoluta y el pago de más de 47.000 euros al Ayuntamiento en concepto de indemnización.

Según la Fiscalía, el exalcalde actuó abusando de su condición de autoridad y consciente de que generaba un daño a las arcas públicas y autorizó el pago de facturas de taxi pese a que "la mayoría de los viajes realizados eran de carácter privado y no guardaban relación alguna con el ejercicio de las funciones de su cargo".

En esta causa actúa además como acusación particular el Ayuntamiento de Castril.

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