Funcionarios de prisiones se encerraron ayer en la cárcel de Albolote para reclamar la equiparación salarial con los trabajadores de los centros penitenciarios catalanes, una acción en la que también denunciaron las "penosas" condiciones laborales por el hacinamiento.

Una decena de delegados de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) permanecieron desde las diez de la mañana encerrados en el centro penitenciario de Albolote para reclamar su equiparación salarial con los trabajadores de las cárceles catalanas.

Denuncian las "penosas" condiciones laborales y que existen 85 plazas por cubrir

Este encierro se enmarca en un serie de movilizaciones del sector para demandar al Gobierno la equiparación salarial con los trabajadores penitenciarios de Cataluña, la reclasificación de niveles, el pase al Grupo B de todos los trabajadores encuadrados en el C1 y la recuperación total de las pagas extraordinarias.

CSIF y APFP aprovecharon las protestas, que se repetirán el próximo jueves, para denunciar las "penosas" condiciones laborales de la cárcel de Albolote, de la que destacaron la falta de personal, con unas 85 plazas sin cubrir y una media de edad de las más altas del país.

Los sindicatos han sumado que el centro penitenciario sufre la pérdida continua de efectivos por jubilaciones, bajas médicas o pase a segunda actividad y lamentaron que lideren la clasificación por número de internos sin que se hayan tomado a su juicio medidas para paliar el hacinamiento.

Las movilizaciones previstas a nivel nacional comenzaron ayer con una concentración frente al Ministerio del Interior a la que se sumaron otros encierros en centros cárceles del país para exigir la convocatoria urgente de la mesa de negociación para extender la equiparación salarial a este colectivo.

Las movilizaciones se organizan para exigir al Gobierno que garantice la equiparación salarial del conjunto del territorio con Cataluña, única comunidad autónoma con competencias en materia penitenciaria. Estas diferencias salariales oscilan desde un mínimo de 1.600 euros hasta los 25.000 en el caso de un director de centro penitenciario, gasto que le supondría al Estado 168 millones de euros.