El Juzgado de Instrucción número 2 de Guadix está investigando la denuncia interpuesta por un exconcejal socialista contra el alcalde del Valle del Zalabí, Manuel Aranda (PSOE), al que atribuye los posibles delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental.

En la denuncia, el exconcejal Daniel Fernández, que fue cesado por el propio Aranda, alude a unas supuestas irregularidades e ilegalidades que tienen su punto de partida en la obra de urbanización del Camino Viejo, afectada al Fondo Estatal. Según el denunciante, pese a sus advertencias de que la obra debía ajustarse al presupuesto de adjudicación, el alcalde "siempre defendía que ésta no se podía ejecutar en ese precio y habría que pagarle -a la empresa- unos extras que ya se cuantificarían al final de la obra".

"Ante estas irregularidades", el 25 de mayo de 2010, solicitó por escrito el estado de deuda y pagos pendientes hasta la fecha, de las que "aún no se ha tenido respuesta", apostilla. Con posterioridad, el 12 de noviembre de 2010, el concejal se opuso al pago de una serie de facturas como miembro de la Junta de Gobierno, "que según manifestaciones del propio alcalde ya habían sido pagadas con fondos procedentes de otros recursos, concretamente de la recaudación de las instalaciones deportivas".

"No entiendo cómo se adelantan los pagos, previa a la realización de los mismos, cuando el trámite normal en los ayuntamientos, es que primero se efectúen los trabajos y suministran los proveedores, y posteriormente se paga. Para este hecho, las explicaciones que se daban desde el Ayuntamiento eran que estas empresas pedían dinero por adelantado", un hecho que, a juicio del denunciante, denotaba algún tipo de irregularidad, "ya que por norma en la administración primero se hacen los trabajos y después se cobra". Para el exconcejal, es "importante" además que las facturas fueran pagadas por personal de confianza del alcalde, concretamente por la persona que ostenta la secretaría general de la Agrupación Local del PSOE, prosigue en la denuncia.

Otras supuestas irregularidades a la que se refiere el exconcejal socialista son una serie de facturas presentadas por la empresa adjudicataria, por un valor de 200.000 euros, en concepto de mejoras en la obra del camino viejo, que, según el denunciante, "se realizan sin consignación presupuestaria, sin proyecto técnico, carencia de procedimiento de adjudicación, sin certificación de obra, ni dirección facultativa".

Fernández presentó en varias ocasiones escritos manifestando su disconformidad con estas actuaciones, tras lo que recibió un correo electrónico del alcalde en el que le decía: "no estoy dispuesto a que un concejal socialista intente buscar donde no hay. Tú sabrás qué haces, pero confírmame si quieres que entremos en la línea que planteas", con un tono que el denunciante considera "amenazante".

El 21 de enero de 2011 Fernández fue cesado como teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local, un cese que, entiende el denunciante, fue motivado "por el afán de ocultar información" al propio denunciante, "puesto que por calificación técnica discutía la naturaleza de algunos trabajos".

En la causa judicial se ha personado además el PP, que considera que los hechos denunciados "inhabilitan moral y éticamente" a Aranda para volver a gobernar.