La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, realizó este jueves la transferencia de crédito a los ayuntamientos y a la Diputación de Granada de 3,1 millones de euros del Fondo Social para hacer frente a las situaciones de emergencia provocadas por el Covid-19. De esta manera, la Junta de Andalucía adelanta el dinero que corresponde abonar al Gobierno central.

Según el reparto de la cantidad destinada a Granada ( 3.158.342,68 euros), el Ayuntamiento de Granada percibirá 802.681,01 euros, la Diputación (1.626.690,92 euros), Almuñécar (91.551,67 euros), Armilla (83.471,75 euros), Baza (70.481,73 euros), Las Gabias (72.909,16 euros), Guadix (63.610,35 euros), Loja (70.240,03 euros), Maracena (76.365,57 euros), Motril (200.340,49 euros).

El reparto se ha establecido conforme al decreto de financiación de los servicios sociales comunitarios, que data 2002, mediante el cual las transferencias se realizan a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones. Por lo tanto, el criterio y la manera de proceder para todas las entidades es el que figura en este decreto.

La delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Granada, Ana Berrocal, ha asegurado que "el Gobierno andaluz adelanta este dinero porque las personas en situación de emergencia no puede esperar más". De esta manera, los ayuntamientos y las diputaciones "podrán contar con esta partida para reforzar las prestaciones sociales y dar una respuesta a las personas que peor lo están pasando". En este sentido, ha defendido que la Junta de Andalucía "ha estado desde el primer momento al lado de las personas y articulando medidas para no dejar a nadie atrás en esta crisis".

En cuanto a los criterios prioritarios de actuación que ha establecido la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a la hora de la distribución entre las entidades locales del Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del Covid-19, se sitúa la garantía de ingresos suficientes a las familias para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas (35 por ciento del presupuesto) y el refuerzo de las plantillas de los centros residenciales y de servicios sociales comunitarios (30%).

Asimismo, se establece que el porcentaje del presupuesto de cada entidad local –ayuntamiento de más de 20.000 habitantes o diputación– destinado a reforzar los servicios de ayuda a domicilio así como la adquisición de medios de prevención tanto para personas usuarias como para profesionales tiene que ser del 20%.

Finalmente, el 15% en cada caso se destina a consolidar los dispositivos de las personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debida-mente protegidas y, al mismo tiempo, posibilitar la ampliación del recurso tanto en el tiempo de estancia como en la intensidad. No obstante, en función de las necesidades de cada entidad local, la Consejería establece que estos porcentajes puedan ser modificados y que las cantidades se abonarán en concepto de transferencias de financiación en un pago único.

El Fondo Social Extraordinario articulado por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, supone la financiación de las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales o Corporaciones Locales, un recurso cuya demanda se está incrementando por parte de la ciudadanía como consecuencia de la actual pandemia por Covid-19.

En este sentido, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, como departamento competente en el desarrollo de la red de los Servicios Sociales Comunitarios debe adoptar y ha adoptado las medidas necesarias para ejecutar las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en esta materia y desarrollar sus acuerdos.