Un juzgado de Motril ha ordenado la paralización cautelar de la promoción de viviendas que se está construyendo en la ladera del cerro que corona el Castillo de Castell de Ferro, además de otras promociones inmobiliarias, alguna de ellas acabadas y habitadas, después de que la Fiscalía viera indicios de presuntos delitos de prevaricación urbanística.

La decisión fue decretada hace unos días y comunicada al Ayuntamiento, que ya ha dado orden al promotor para que paralice las obras en la ladera, donde se sitúa el castillo árabe, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La actuación en este enclave natural consistió primero en la excavación de buena parte del cerro para convertirlo en una serie de terrazas donde ya asoman los esqueletos escalonados de las 64 viviendas. Los propios vecinos se dirigieron incluso a la Delegación de Obras Públicas hace justo un año para que se frenara la construcción de una urbanización con vistas al mar que "está siendo destruida", al tiempo que solicitaban a Cultura la declaración de sitio histórico y su catalogación como Bien Protegido.

La medida cautelar también afecta a otras promociones que en su día fueron denunciadas por el PP. Entre los otros tres edificios sumaban un total de 350 viviendas y supuestamente el gobierno local, entonces presidido por Miguel Torres Maldonado (PSOE ), había incumplido la normativa urbanística aumentando la edificabilidad y la altura permitida. Se da la circunstancia de que las tres promociones situadas en el paraje Cambriles -299 apartamentos, 387 cocheras y 151 trasteros-, en la barriada de Santa Adela, en la carretera de Almería -12 viviendas, local y cochera- y una tercera de 38 viviendas plurifamiliares están ya terminadas. En la primera de ellas, la del paraje de Cambriles, se permitió que la edificabilidad se excediera en casi 11.500 metros cuadrados.

La Fiscalía del TSJA emitió cuatro decretos en verano por supuesta prevaricación urbanística en todas ellas y solicitaba que se citará a declarar en calidad de imputados al ex alcalde de Castell de Ferro, a los concejales que con su voto permitieron la supuesta irregularidad, así como al técnico municipal y al secretario que dieron su autorización para la construcción de las urbanizaciones.

En el caso de la promoción de la ladera, el ministerio público censuraba que el gobierno local concediera el permiso para iniciar la actuación sin que hubiera finalizado la tramitación administrativa.

El actual alcalde socialista y, con anterioridad concejal de Medio Ambiente, Miguel Díaz Juárez, señaló que la medida adoptada por el juez es "cautelar" y acatará la resolución que adopte sobre el asunto. Aseguró que todas las actuaciones se adoptaron con los informes jurídicos y técnicos e incluso, con el voto favorable, en alguna de las polémicas promociones, de la oposición. "Los técnicos son humanos, como usted y yo, y pueden equivocarse pero todo es una cuestión de interpretación de algunos artículos de la Ley de Urbanismo. Aquí no ha existido ningún tipo de fraude o malversación, nadie se ha llevado dinero y acataremos, como no puede ser de otra forma, lo que diga el juez", subrayó.