El PSOE-A presentará una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para reclamar al Gobierno de la Junta el restablecimiento "íntegro e inmediato" de todas las líneas de transporte público interurbano en Granada. Así lo ha avanzado la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, tras mantener en Granada una reunión con alcaldes de la provincia junto al secretario general del PSOE granadino y presidente de la Diputación, José Entrena.

Con esta iniciativa, el PSOE pretende que la Consejería de Fomento rectifique y restituya la totalidad de servicios que existían antes de la pandemia. Díaz ha acusado al Gobierno andaluz de aprovechar la pandemia para aplicar un recorte al transporte público, lo que ha provocado que algunos municipios de la provincia de Granada "se queden aislados al no tener ninguna línea".

Tras defender el transporte público por la igualdad que ofrece entre territorios, ha incidido en que los municipios de Granada "no tienen el transporte adecuado para desplazarse a la capital y entre localidades vecinas" por los recortes impuestos por la Junta.

Esto se traduce, ha dicho, en falta de seguridad por incumplimiento de las distancias de seguridad en los traslados y en que hay trayectos que ahora duran "dos o tres horas, con municipios que quedan verdaderamente aislados".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha lamentado que la provincia esté sufriendo las consecuencias de la gestión del Gobierno de la Junta en el ámbito escolar, sanitario y en lo que respecta al transporte público, especialmente en el Área Metropolitana, la tercera aglomeración urbana de España más contaminada, y en el mundo rural.

A este asunto se ha referido el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, para considerar una "tomadura de pelo" la reclamación de Díaz después de que a principios de septiembre votara "en contra en el Parlamento de Andalucía del dinero que es necesario para poder restablecer y mantener los servicios" actuales.

En un comunicado, Saavedra recuerda que la Consejería de Fomento aprobó un decreto-ley con el que ponía sobre la mesa 17 millones de euros para garantizar el mantenimiento de las líneas y ayudar a las empresas operadoras ante los gastos extra derivados de la pandemia.