Ser solidarios

Jóvenes extutelados: miedo a vivir en la calle

  • Las administraciones públicas deben redoblar sus esfuerzos para atender a estos jóvenes que salen del centro al cumplir los 18

  • Encontrar un empleo es vital

En un país acuciado por la crisis económica y la falta de perspectivas para la juventud, en el que la media de emancipación ronda los 30 años y el paro juvenil supera el 40%, hay un grupo de jóvenes que debe enfrentarse a una fuerte situación de desamparo a muy temprana edad. Se trata de los "jóvenes extutelados", aquellos niños y niñas que un día entraron en un centro de protección de menores porque sus familias no les atendieron como necesitaban o que tuvieron que emigrar solos desde sus países sin ningún adulto que les acompañara, por lo que se les dio la protección que les correspondía cuando llegaron a España.

Son jóvenes que el mismo día de su 18 cumpleaños deben abandonar el centro de protección, el cual ha sido hasta ese momento su hogar, teniéndose que enfrentar prácticamente solos a un futuro incierto, quedando desprotegidos y obligados a emanciparse rápidamente, encontrar una vivienda y un trabajo con el que mantenerse sin apenas apoyo del entorno.

La mayoría de estos jóvenes han pasado por experiencias traumáticas cuando fueron niños, bien porque procedían de familias que no pudieron o supieron darles el cuidado que precisaban (en algunos casos incluso han sufrido maltrato) y por ello entraron en el sistema de protección, o bien porque tuvieron que abandonar a sus familias para poder salir adelante, emprendiendo un viaje migratorio muy peligroso, en el que se vieron en la necesidad de cruzar el desierto, de abordar una patera o de esconderse debajo de un camión para poder acceder a Europa. Al impacto emocional que conllevan estas experiencias se une la falta de referentes adultos sólidos que les acompañen y orienten durante su desarrollo -especialmente en una edad tan complicada y fundamental para la construcción de la identidad como es la adolescencia-, lo que dificulta aún más su madurez emocional y afectiva.

Además de ello, ser "chicos provenientes de un centro de menores" supone una carga adicional en la relación con su entorno, ya que estos jóvenes son frecuentemente estigmatizados y criminalizados por la opinión pública y algunos medios de comunicación, que les atribuyen actitudes delincuenciales y vandálicas. Esta marca social puede provocar en ellos una reacción de desconfianza hacia aquellas personas que no pertenecen a su círculo de amistades, lo que los puede llevar a relacionarse únicamente con sus iguales y a limitar sus redes sociales.

Con todo ello, sin dejar aún de ser adolescentes, quieran o no seguir estudiando, han de conseguir un empleo rápidamente. Por la propia edad que tienen y las dificultades familiares y sociales que han pasado, no han podido avanzar mucho en su formación, por lo que los empleos a los que pueden acceder no se caracterizan por tener buenas condiciones laborales ni les proporcionan estabilidad. Esa realidad les hace estar en permanente alerta, con una inseguridad vital constante, ya que, a diferencia de lo que les sucede a otros jóvenes que cuentan con apoyos familiares, la falta de empleo va seguida de la pérdida de la vivienda, dada la imposibilidad de poder pagarse la habitación de un piso. Con ello, se pueden ver rápidamente empujados a la mayor exclusión posible: vivir en la calle. Además de los peligros que conlleva esta situación, las oportunidades de acceder a un empleo o a continuar con los estudios se vuelven prácticamente nulas, por lo que las posibilidades de salir adelante se reducen drásticamente. Si además estos jóvenes son extranjeros corren el permanente peligro de perder la documentación necesaria para residir legalmente en España, ya que el permiso de residencia se condiciona al mantenimiento de un empleo. Se trata de una realidad verdaderamente angustiante; el miedo a una posible expulsión del país es permanente y muchos de los jóvenes optan por vivir semi-escondidos.

Las administraciones públicas, desde la local hasta la estatal, y muy especialmente la autonómica (que ha sido la tutora legal de estos jóvenes mientras fueron menores), deben redoblar sus esfuerzos para atender las necesidades de estos chavales que han estado bajo su protección hasta que cumplieron los 18 años. Todos los recursos dedicados a apoyarlos durante su minoría de edad se desperdician si se les abandona abruptamente a su suerte de un día para otro. Al carecer de referentes adultos en los que puedan apoyarse, es imprescindible que tengan a su alrededor a profesionales que le den un acompañamiento estable a medio o largo plazo, gracias al cual puedan comenzar a afrontar su vida emancipada con mayor seguridad. Pero, en la práctica, ese seguimiento se dificulta muchísimo, debido a la falta de recursos y al desbordamiento de tareas de los profesionales que trabajan con ellos.

Es fundamental, por tanto, que tomemos conciencia de la situación que viven estos jóvenes y que, desde todos los ámbitos de la sociedad, aunemos esfuerzos para brindarles las oportunidades de las que carecieron en su infancia, de manera que no acaben condenados a la exclusión.

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