Ya hace casi una década que España cayó en una crisis económica que se mantiene a lo largo del tiempo. Al perder su fuente de ingresos y no encontrar alternativas de empleo en un mercado laboral precarizado, millones de familias han tenido que cambiar radicalmente su forma de vida, viéndose obligadas a recortar sus gastos diarios para subsistir gracias a las prestaciones públicas, los bancos de alimentos o la pensión de los abuelos, y muchas han tenido que vender sus pertenencias, cambiar de barrio o mudarse a casa de los padres. A algunas personas no les ha quedado otro remedio que emigrar al extranjero para buscarse un futuro lejos de casa; otras, incluso, no han visto otra salida que quitarse la vida, ahogadas por las deudas y desesperadas por la falta de perspectivas.

En mitad de la confusión, aún no somos del todo conscientes de la repercusión y envergadura que tiene este empobrecimiento general de la población, a pesar de que contamos con muchos datos estadísticos que nos revelan una realidad alarmante. Así, si bien la crisis económica no es la única causa, es significativo que desde el inicio de la misma, en el año 2008, las muertes por suicidio superen a las de víctimas de tráfico y, según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística, han pasado incluso a duplicarlas. Por otra parte, según un reciente informe de Unicef, España es el tercer país de la Unión Europea en pobreza infantil -sólo superado por Rumania y Grecia-, con una pobreza "anclada" (persistente a lo largo del tiempo) que alcanza al 40% de los niños y niñas residentes en el país.

La movilización ciudadana ha desaparecido por la sensación de impotencia

Poco tiempo después de la irrupción de la crisis -mucho antes de alcanzar unos niveles de precariedad general tan elevados-, miles de hombres y mujeres salieron a la calle para defender el sistema público, protestando por los recortes en las políticas sociales y denunciando la corrupción. Se formaron las "mareas", que trataban de frenar desahucios, llamaban la atención sobre la intención de privatizar el sistema sanitario o condenaban el desmantelamiento de la Educación Pública. Animaban a la movilización ciudadana para hacer frente, de forma organizada, a las políticas de la austeridad, y apelaban a la necesidad de desconfiar de la versión oficial de los hechos -que veían plasmada en la mayoría de medios de comunicación-, porque ésta respondería, según su punto de vista, a los intereses de los grandes poderes financieros y mercantiles.

Con el paso de los años, esta movilización ciudadana ha ido desapareciendo por diversas causas, pero una de las principales razones es la sensación de impotencia ante una situación que parece totalmente estancada. Diariamente descubrimos nuevos casos de corrupción y observamos con resignación que aquellos que los han cometido gozan de total impunidad. Diariamente vemos también las colas ante los bancos de alimentos, leemos informes sobre desigualdad y escuchamos las precarias condiciones laborales que afectan a muchos de nuestros conocidos. A fuerza de normalizar una situación de emergencia, hemos perdido nuestra capacidad de indignarnos.

En este contexto de desmontaje del Estado de Bienestar -que afecta, a diferente escala, a todos los países de la Unión Europea- aparecen en los países de nuestro entorno discursos abiertamente xenófobos, que han conseguido aprovechar el sentimiento de desencanto actual para tener calado en amplios sectores de la población. Frente a las estrategias clásicas que llevaban a cabo los grupos de extrema derecha -que incitaban al odio hacia personas de otras culturas sin hacer uso de más argumento que el orgullo nacional o racial-, estos nuevos discursos racistas se construyen sobre el hartazgo y la angustia de una ciudadanía que ha tenido que presenciar cómo se va desmontando todo un sistema de bienestar para el beneficio de las grandes corporaciones y para el interés de una minoría.

Para lograr su cometido han copiado los argumentos de las grandes protestas ciudadanas que tuvieron lugar hace algunos años: hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice contra políticos e instituciones que consideran ineptas y corruptas porque en su opinión sólo defienden los intereses del poder y de una minoría, olvidándose de los problemas que afectan a la mayoría de la población. Asimismo, plantean la necesidad de desconfiar de los medios de comunicación y animan a una "reflexión crítica" que se oponga a las versiones oficiales plasmadas en la prensa, animando a las personas a tomar las riendas de su destino para enfrentarse unidas a las adversidades y defender su estilo de vida y sus valores. Este llamado a la movilización consigue conectar con el estado de ánimo de gran parte de la ciudadanía, gracias a un discurso propositivo y a la promesa de que la acción ciudadana es capaz de cambiar la difícil situación social.

No obstante, este planteamiento aparentemente positivo no plantea alternativas de gestión, sino que se centra únicamente en la protesta contra las instituciones -parafraseando a Donald Trump, se pretende "devolver el poder a la gente"- y se hace fuerte a través de la creación de un chivo expiatorio, representado por toda persona que se considere "diferente". A pesar de la contundencia con la que Europa ha decidido cerrar sus fronteras y dar la espalda a la inmigración, los discursos xenófobos acusan a los gobiernos europeos de permitir la entrada desmesurada de personas inmigrantes. Éstas son expuestas como una amenaza al estilo de vida y a los valores europeos; se las culpa de la inestabilidad económica y de la inseguridad ciudadana, y se las acusa de querer aprovecharse de los recursos públicos y de atentar contra los principios democráticos. Además, en un contexto de escalada del terrorismo internacional, se señala a toda persona musulmana como un terrorista en potencia y se desconfía de decenas de miles de personas refugiadas que llegan a Europa en condiciones precarias, huyendo precisamente de esa misma violencia de la que son señaladas como sospechosas.

Es evidente que estos discursos racistas suponen un grave peligro porque no se dirigen a grupos extremistas, sino a los ciudadanos y ciudadanas comunes, que se identifican con un supuesto "movimiento en resistencia" que habla en positivo, ya que su oposición a la diversidad se plantea como una lucha por preservar la propia identidad. A pesar de que estos nuevos discursos xenófobos aún no han calado en la sociedad española con la misma virulencia que en otros países europeos, tenemos por delante el reto de idear estrategias para desmontarlos y minimizar su impacto en la población. Se trata de una tarea que no sólo concierne a las entidades que trabajamos a favor de la convivencia, sino una responsabilidad que debe ser asumida por todas las administraciones encargadas de velar por la cohesión social y por el bienestar de la ciudadanía.