LA claudicación del PSOE, que no sólo de Pedro Sánchez, para derogar el delito de sedición, no es suficiente. Nunca lo es para los independentistas. En la misma Proposición de Ley presentada por este partido y por Unidas Podemos, ERC quiere modificar el delito de malversación a la medida de sus imputados por éste en las causas que restan por resolverse respecto al uso de fondos públicos para hacer posible el referéndum ilegal del 1-O de 2017. 

Tras haber lanzado el primer globo sonda sobre cómo encajaría la sociedad española nada menos que rebajar el reproche penal a un delito de corrupción, el amplio rechazo en todo el arco político parecía inclinar al Gobierno a no meterse en ese jardín. Incluso desde ERC pensaban que no habría oportunidad ahora para ganar esa batalla. Sánchez, empero, nunca defrauda... a sus socios. 

El propio presidente del Gobierno abrió de par en par la puerta para reformar la malversación. Lo hizo para más inri en el Día de la Constitución y con el claro objetivo de que ERC recogiese el guante y presentase la enmienda que permita en la misma ley que amputa la protección al Estado que es la actual definición del delito de sedición se retoque la malversación para beneficiar a políticos independentistas con nombres y apellidos: Junqueras, Turull, Jové, Salvadó, Garriga, Comí y hasta el propio Puigdemont. El texto, aún desconocido, se registrará hoy.

Sin conocer cómo va a retorcerse de nuevo el Código Penal, el Gobierno en pleno ya se ha lanzado a pregonar su argumentario: la reforma no supondrá, sostienen ufanos, ceder ante la corrupción.

Mientras despejamos la incógnita de la cuadratura del círculo, que permita librar de penas de cárcel a los independentistas sin rebajar las de otros condenados por corrupción –incluidos los ex altos cargos andaluces en el caso de los ERE–, algunos barones del PSOE han reaccionado con declaraciones que critican esta contrarreforma –el PP modificó la malversación en 2015 precisamente para impedir el uso de fondos en intereses ilegales como la independencia– porque temen el coste electoral que puede suponerles el 28 de mayo. Ayer lo hicieron Emiliano García Page y Javier Lambán. El aragonés fue el más claro: toda malversación es corrupción, dijo refutando a Sánchez y sus ministros corifeos.