Apartamentos tutelados, atención domiciliaria y un nuevo diseño para las residencias de ancianos que permita hacer aislamientos y aplicar terapia intensiva son alternativas que plantean los expertos cuando pase la pandemia, que ha dejado en situación crítica a muchos centros de mayores y ha llevado al sector a replantearse el futuro del modelo asistencial.

"Estamos en el punto álgido de la crisis, el sistema está colapsado y las reflexiones hay que hacerlas con serenidad", explica José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), que defiende la necesidad de hacer una reflexión colectiva una vez que se haya superado la pandemia.

Medicalización y rediseño de las residencias

El futuro debe pasar, a su juicio, por "incrementar la medicalización y la asistencia sanitaria" en residencias que son referentes por su situación geográfica, de forma que no haya tanta dependencia de los centros de atención primaria, "y ahí juegan un papel muy importante los especialistas en geriatría, tanto médicos como enfermeros", añade.

García Navarro considera "imprescindible" que la atención geriátrica se garantice en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud.

"Los centros hospitalarios más avanzados cuentan con equipos de geriatría para iniciar tratamientos de cáncer, hacer operaciones cardíacas o ingresar en terapia intensiva; creo que aquí el geriatra da una indicación más clara, aporta un seguimiento integral del enfermo", defiende García Navarro.

El geriatra "puede ayudar a tomar decisiones" cuando se plantean, como ahora, "dilemas éticos" sobre el uso de respiradores o el ingreso en la uci, porque "la edad nunca debe ser un criterio para decidir si una terapia intensiva o una cirugía compleja tendrán éxito, sino la carga de enfermedad que acompaña al paciente", asevera.

Junto a la medicalización, señala que otra de las "lecciones" de esta crisis tiene que ver con el diseño arquitectónico de las residencias.

Reservar espacios para hacer aislamientos, aplicar tratamientos de terapia intensiva y poner medicación intravenosa serán fundamentales, explica, para evitar las altas cotas de contagio que se están dando durante la pandemia.

Pisos tutelados y asistencia domiciliaria

Para García Navarro, los dos grandes servicios que deben "despegar" como alternativa al sistema de residencias son la atención domiciliaria y, especialmente, los apartamentos tutelados promovidos por las administraciones públicas para mayores que no son grandes dependientes.

Hay diferentes propuestas, desde edificios hasta pequeños chalés adosados, sin barreras arquitectónicas, con mobiliario adaptado y regulable en altura y con todos los elementos de seguridad.

"Esta alternativa permite vivir de forma autónoma, mantener la independencia y la intimidad, pero con garantías asistenciales", destaca.

Cada vez hay más listas de espera para los pisos tutelados de la red pública, pero aún son muy inferiores a las de las residencias porque son una opción "menos conocida".

Y ello pese a las diferencias económicas entre ambos modelos. El presidente de la SEGG pone como ejemplo algunos precios de referencia en Cataluña: 1.750 euros mensuales en el caso de residencias públicas frente a los 600 de los pisos tutelados que, de media, suelen representar un tercio del coste de las residencias tradicionales.

El alquiler incluye la luz, la calefacción, el agua y un servicio de limpieza, además de ofrecer espacios comunes de lectura o gimnasio y menús a precios asequibles para quienes no cocinan.

Los residentes cuentan con asistencia médica para el control de enfermedades crónicas y están incluidos en campañas sanitarias como las vacunaciones.

"Cuando se conoce este tipo de equipamientos todo el mundo los quiere. Los tenemos a la vuelta de la esquina; yo creo que habría pasado igual aunque no tuviéramos la crisis del coronavirus", concluye este experto.

Durante la pandemia

Otras de las entidades de referencia en el sector, la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), centra sus demandas a las administraciones en el momento actual de la emergencia.

Su presidente, Ignacio Fernández-Cid, reclama una "única normativa" para todas las residencias: "No tiene sentido que existan 17 modelos distintos. No es eficaz y complica mucho el día a día; se pueden tener las competencias transferidas en la gestión pero lo lógico es que la normativa sea la misma para todos".

Para evitar que la situación "se siga yendo de las manos" incide en las necesidades más urgentes: desinfectar las residencias de forma periódica, recibir test de detección rápida, disponer de respiradores y contar con equipos de protección individual para poder seguir atendiendo a los mayores con garantías porque el contacto físico es "consustancial" a esta actividad.

Reclama, además, que Sanidad envíe medicinas a las residencias para combatir el virus.

"Si se pretende que nuestros centros se medicalicen para evitar las derivaciones hospitalarias –que lo entendemos, porque están colapsados– deben darnos antivirales y antibióticos, no solo fármacos de sedación y morfina, que es lo único que estamos recibiendo", afirma.

Bajas como medidas de prevención

El presidente de esta patronal cifra en un 25% el porcentaje de bajas entre el personal, una situación que se está tratando de paliar con turnos dobles, suspensión de vacaciones y nuevas contrataciones.

Atribuye el elevado número de bajas a la falta de equipos de protección individual y test rápidos que permitirían constatar si esas bajas corresponden a casos reales o se trata de otras patologías.

"Habría que poner en cuarentena a los positivos de COVID-19, pero no al resto", algo que ahora se está haciendo por prevención, al tiempo que permitiría detectar a trabajadores asintomáticos pero con el virus, que ahora mismo pueden estar atendiendo a los residentes.

"No conviertan a las víctimas en culpables"

Es la petición que lanzan las asociaciones a las autoridades sanitarias, tras haberse conocido la semana pasada que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) encontraron cadáveres en algunas residencias cuando acudieron a realizar tareas de desinfección.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha reclamado públicamente que la Fiscalía "deje de vigilar a los centros de manera generalizada" y pide que la sociedad no les culpe de la "enorme mortalidad y la extensión del virus".

El sector está "desbordado y con medios precarios" y pide que no se le responsabilice de una situación "extrema", como no se está haciendo con los hospitales, los servicios funerarios o los equipos forenses.

Con 400.000 mayores internos y casi 200.000 trabajadores, explica la asociación, las residencias se han convertido en "el ojo del huracán del cataclismo".

Una orden de Sanidad publicada en el BOE el 24 de marzo fija el protocolo para la retirada de cadáveres en las residencias, que deben pedir ayuda a las consejerías y a las delegaciones del Gobierno si no pueden gestionar la retirada por la ausencia de servicios funerarios disponibles.

"¿Qué se debe hacer cuando tienes un fallecimiento, llamas a una funeraria, pasan 24 horas y no llega ese servicio funerario; somos culpables?", se pregunta el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia.

Su homólogo de la SEGG concluye con una reflexión sobre otra situación extremadamente compleja: la de parejas ancianas -uno de ellos, dependiente- que viven solas: "Antes el cuidador podía salir a la calle. Pero ahora está confinado, con su pareja a la que debe atender; el estar una hora detrás de otra al cuidado del otro sobrecarga la soledad".

Situaciones muy complicadas que, para estos expertos, deben reabrir el debate sobre el cuidado de los mayores para responder de forma "más efectiva" a otras crisis sanitarias que puedan llegar.