La bajada del IVA de las mascarillas del tipo general (21 %) al superreducido (4 %) fue decidida el 18 de noviembre de 2020 en el Consejo de Ministros y tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2021. Si llegada esa fecha el Gobierno no ha ampliado el plazo, el precio de las mascarillas, aún obligatorias en multitud de espacios y situaciones, verá incrementado su precio notablemente.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que "hay margen" para mantener más allá de final de año el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables a un tipo superreducido del 4 % "si fuera necesario".

"No hay ninguna decisión acordada, más que la voluntad o la constatación de que efectivamente el Gobierno ha tomado decisiones al respecto cuando ha habido que tomarlas (...) para atender las necesidades ciudadanas", ha afirmado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ha incidido en que el Gobierno ya ha "reestructurado" la presión fiscal que soportan los ciudadanos cuando lo ha visto necesario, como ya hizo en 2020 con el IVA de las mascarillas o este año con los impuestos que gravan la factura de la luz.

Flexibilización del IVA en Europa

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han logrado un acuerdo para flexibilizar las reglas comunes sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de modo que se dé más libertad a los gobiernos para fijar los tipos de IVA, incluido el reducido.

Así, actualizarán la lista de bienes y servicios a los que los países pueden aplicar tipos reducidos de IVA como por ejemplo material necesario para proteger la salud pública, como las mascarillas; que sean útiles para proteger el medio ambiente o que contribuyan a facilitar la transición digital.

La revisión de la norma permitirá también a las capitales asignar un tipo nulo de IVA a algunos de los artículos de la lista que se consideren como necesidades básicas, además de abrir la puerta a todos los socios a aplicar exenciones o tipos reducidos que ahora se aplican por razones históricas en alguno de los Estados miembro.

Otra de las novedades apunta a acabar con los tipos reducidos y exenciones que actualmente se apliquen sobre bienes o servicios considerados perjudiciales para el medio ambiente o para alcanzar los objetivos de la UE en materia de cambio climático. Esta supresión se hará de manera gradual hasta 2030.

Para que la norma entre en vigor, los Veintisiete deben esperar aún un dictamen del Parlamento europeo, aunque se trata de un proceso consultivo porque la posición de la Eurocámara en este asunto no es vinculante.