Sociedad

El Gobierno vasco aplicará el copago farmacéutico

  • El PNV asegura que no tiene "margen legal" para que esta regulación decretada por el Gobierno central, y en vigor en España desde el 1 de julio, siga sin efecto en la comunidad autónoma.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha anunciado que el Ejecutivo regional va a aplicar el copago farmacéutico en el País Vasco porque no tiene "margen" legal para que esta regulación siga sin efecto en la comunidad autónoma. El conocido como copago farmacéutico, decretado por el Gobierno de Mariano Rajoy, entró en vigor el pasado 1 de julio, pero el Gobierno del socialista Patxi López aprobó un decreto que lo dejaba sin efecto en el País Vasco.

El Tribunal Constitucional dejó en suspenso este decreto el pasado mes de julio, aunque el anterior Gobierno vasco socialista no tuvo en consideración está decisión judicial y continuó sin aplicarlo. El pasado día 17 de diciembre el Constitucional en un auto decidió que el Gobierno vasco debía implantar esta medida, pero avaló la decisión del Ejecutivo autonómico de dar asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles.

El Gobierno de Iñigo Urkullu encargó un informe jurídico para analizar este auto, fruto del cual ha tomado la determinación de asumir la aplicación del copago. En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz ha explicado que el Departamento vasco de Salud está trabajando en el sistema informático para ponerlo en marcha.

"La suspensión del Tribunal Constitucional no deja otro margen", ha reconocido Erkoreka, quien ha precisado que "no será de hoy para mañana" porque la adecuación del sistema precisa de varios meses, con la previsión de que pueda estar operativo antes de final de año.

En virtud de este sistema, una vez que se culminen los trámites necesarios, enel País Vasco los pensionistas pagarán, con carácter general, el 10 por ciento de los fármacos, con unos límites de entre 8 y 60 euros mensuales. Los trabajadores con renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50% y los que estén por debajo seguirán abonando el 40 %, mientras que aquellos con más de 100.000 euros, el 60%. La aportación de los funcionarios será del 30 por ciento y estarán exentas la renta mínima de inserción y parados sin prestación.

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