El Departamento de Justicia ha denunciado ante la Fiscalía a un funcionario de la cárcel Ponent de Lérida, ante los indicios de que abusó de un interno, al que presuntamente exigió favores sexuales a cambio de proporcionarle drogas y teléfonos móviles.

Según fuentes cercanas al caso, el Servicio de Inspección del Departamento de Justicia ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Lérida tras investigar durante varios meses al funcionario, que ha sido suspendido de empleo y sueldo y tiene abierto un expediente disciplinario.

En el expediente, que queda suspendido a la espera de que se dicte una resolución judicial, el Servicio de Inspección apreció indicios de que el funcionario investigado habría entregado teléfonos móviles -prohibidos en prisión- y sustancias estupefacientes al menos a un interno a cambio de favores sexuales.

También se investiga si el vigilante pudo abusar sexualmente de otros presos con los que estuvo en contacto, a cambio de suministrarles objetos prohibidos en los centros penitenciarios, que los reclusos pueden destinar al tráfico ilegal dentro de la cárcel.

Fueron los propios responsables de la dirección de Servicios Penitenciarios los que, hace meses, detectaron los supuestos abusos en la cárcel Ponent de Lérida y acordaron abrir una investigación para aclarar lo sucedido, aunque el caso se ha puesto ahora en manos de la Fiscalía, una vez se han podido reunir los indicios que incriminan al vigilante.

Una portavoz del Departamento de Justicia se ha remitido al expediente abierto y ha destacado que el funcionario, que de acuerdo con la ley podrá estar suspendido cautelarmente de su empleo un máximo de seis meses, ya no está en contacto con presos.

La consejería de Justicia ha defendido el derecho a la presunción de inocencia del vigilante, al tiempo que ha destacado la "gran profesionalidad" de los trabajadores de los Servicios Penitenciarios de Cataluña.

La misma portavoz ha garantizado la "máxima" colaboración del Departamento de Justicia con la justicia en el esclarecimiento de estos hechos, al tiempo que ha anunciado que la consejería mantendrá una política de "tolerancia cero" y de "máxima contundencia" para combatir todos los casos de abuso de poder que puedan ocurrir en las prisiones catalanas.