La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha urgido a reformar la ley del aborto para garantizar y blindar este derecho de las mujeres en los hospitales públicos ante las dificultades observadas en varios centros al acogerse los médicos a la objeción de conciencia.

Es lo que ha escrito Montero en su cuenta oficial de Twitter este miércoles, después de que una geriatra del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) denunciara en la Cadena Ser que el centro se negó a practicarle un aborto en la semana 17 de embarazo, pese a que el feto era prácticamente inviable y que su vida corría riesgo, porque "había latido fetal".

Montero ha asegurado que "no es un caso aislado", ya que "8 de cada 10 abortos se realizan en clínicas privadas y hay comunidades donde ni siquiera se realizan", por lo que cree que es necesario reformar la ley del aborto para "blindar por ley" el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

No es un caso aislado. 8 de cada 10 abortos se realizan en clínicas privadas y hay CCAA donde ni siquiera se realizan. Por todo ello es urgente reformar la ley del aborto. El derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos debe estar blindado por ley. https://t.co/uaHnPpAf4K

— Irene Montero (@IreneMontero) September 22, 2021

Ante la denuncia de Marta Vigara, la mujer afectada, el Hospital Clínico San Carlos ha justificado en la objeción de conciencia la negativa de los ginecólogos a practicar esta intervención, por lo que se derivó a la paciente a una clínica autorizada para llevar a cabo la interrupción de su embarazo.

Según la geriatra, en el año 2009 todos los ginecólogos de este hospital público suscribieron un documento interno en el que se acogían a la negativa a interrumpir embarazos, por lo que el hospital la derivó a una clínica privada.

El hospital ha asegurado que los profesionales sanitarios implicados en este proceso se han acogido a su derecho a la objeción de conciencia, por lo que no realizan interrupciones voluntarias de embarazos y se facilita a las pacientes un recurso asistencial para poder llevar a cabo este proceso.

Además, el hospital ha asegurado que el Colegio de Médicos de Madrid "ha emitido un informe en el que constata que el personal del Servicio de Ginecología y Obstetricia actuó de acuerdo con el protocolo de manejo de bolsa rota del hospital, y que no se aprecia infracción en la actuación de los facultativos del Servicio, procediendo al sobreseimiento y archivo del expediente".

Vigara ha censurado hoy el "maltrato institucional" al que fue sometida y ha revelado que a pesar de que lo denunció internamente ante el comité de ética y el médico jefe de servicio de Obstetricia, los servicios jurídicos del hospital aseguraron haber seguido todos los protocolos vigentes.

Ante esta polémica, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado que en esa comunidad "hay médicos organizados para evitar" la práctica de abortos en la sanidad pública, por lo que ha secundado la petición de la ministra de Igualdad para ampliar la ley, garantizar la prestación de este derecho y reformar la objeción de conciencia.

Lo ha dicho Rodríguez en Córdoba, junto a una clínica que ofrece este servicio y las mujeres que acuden a ella están siendo "hostigadas" por un movimiento ultracatólico.

La dirigente de Adelante Andalucía ha resaltado que las personas tienen el "derecho de elegir libremente si deciden interrumpir su embarazo y no pueden ser acosadas, ni hostigadas por ello".