El pleno del Congreso aprobó ayer la reforma del régimen sancionador en materia de tráfico, que simplifica y agiliza el sistema de notificaciones, revisa a la baja la pérdida de puntos y aumenta el descuento por pronto pago al 50%, entre otras cuestiones. El dictamen de la reforma fue respaldado por todos los grupos durante el trámite de Comisión, pero ayer el PP anunció su voto en contra aunque luego se abstuvo, lo que causó sorpresa en las filas socialistas, que lamentaron, en palabras del diputado Carlos Corcuera, que "se haya usado la seguridad vial para atacar al Gobierno".

En el debate, en el que se encontraba, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y el director de Tráfico, Pere Navarro, los grupos anunciaron que seguirán defendiendo en el Senado algunas enmiendas al texto, que no han sido aprobadas. CiU defenderá que se devuelvan los puntos sustraídos a los conductores que cometieron una infracción, que ahora en la reforma no conlleva pérdida de créditos. El PSOE propondrá que se retiren puntos por estacionar en un lugar habilitado con limitación horaria, cuando un vehículo carezca de distintivo que lo autorice.

El diputado del PP, Federico Souvirón, calificó el proyecto de "desatinado" porque busca un "procedimiento rápido de recaudación" y "limita los derechos de los ciudadanos", y pidió que se acabe "la racha de procesos sancionadores" y lleguen otros diferentes.

Pérez Rubalcaba replicó que la reforma procura una mayor inmediatez entre el momento en que se comete la sanción y cuando se ejecuta con el fin de aumentar "su efecto disuasorio y pedagógico". "No se trata de multar más, sino menos, porque se infrinja menos".

Entre las novedades destaca que a partir de ahora el infractor recibirá una sola notificación, en lugar de las tres actuales, notificación que, en el caso de los vehículos matriculados a nombre de una persona jurídica, serán exclusivamente por correo electrónico. Se fijan nuevas cuantías para las multas, que podrán incrementarse hasta en un 30% atendiendo al peligro creado. Las sanciones por exceso de velocidad serán más ajustadas, se fijarán en función del número concreto de kilómetros que se exceda. Las multas podrán pagarse en el acto con tarjeta de crédito. No será obligatorio llevar toda la documentación en el coche, pues la Administración será la que deba comprobar que el vehículo cuenta con todos los permisos, y sólo se pasará la ITV si se ha pagado el seguro.

Los conductores no perderán puntos por parar o estacionar en el carril-bus, y un vehículo aparcado en zona azul, sin el correspondiente ticket, no podrá ser retirado por la grúa, aunque sí será multado. Se autoriza su retirada cuando éste se encuentre aparcado en una zona reservada a discapacitados. Será falta grave, al igual que programar el navegador mientras se conduce.

Tampoco se perderán créditos por exceder la velocidad en las autopistas de acceso a las ciudades, limitadas en muchos casos a los 80 kilómetros por hora, siempre que el vehículo no supere los 130 km/h. La norma permite además, entre otras cuestiones, usar avisadores, aunque sanciona colocar en el vehículo dispositivos que inhiben los propios sistemas de control de velocidad instalados por la DGT. Los talleres o establecimientos de reparaciones que lo instalen también serán sancionados.

La norma pasará al Senado para una nueva lectura y se prevé que entre en vigor en primavera.