La controvertida ley Creación e Internet diseñada por el Gobierno galo para luchar contra las descargas ilegales, que prevé cortar el acceso a la red tras una serie de advertencias a los internautas, salió este lunes adelante en la Asamblea Nacional francesa por 296 votos a favor y 233 en contra. 

Al visto bueno de los diputados, que aprobaron el texto en segunda lectura y mediante voto solemne, debe sumarse mañana el de los senadores para poner fin a un largo y accidentado periplo parlamentario desde que el proyecto legislativo fue adoptado en Consejo de Ministros el 18 de junio de 2008.

Desde entonces, parlamentarios tanto de izquierda como de derecha se han mostrado divididos sobre la idoneidad de una ley que muchos consideran ya obsoleta y a la que el Parlamento Europeo ha puesto peros al exigir que la legislación comunitaria incluya la exigencia de una autorización judicial previa para cortar internet.

Contra todo pronóstico, el pasado 9 de abril el texto fue rechazado en la Cámara baja por la escasa presencia en el hemiciclo de los diputados de la UMP, el partido del presidente Nicolas Sarkozy, que ha puesto un especial empeño en legislar sobre este asunto. 

Este hecho provocó una inmediata llamada al orden de los parlamentarios que apoyan al Gobierno para que en esta ocasión no hubiera sorpresas y poder superar el penúltimo último escollo procedimental. 

Así pues, si el Senado la aprueba mañana y recibe el visto bueno del Consejo constitucional, al que el Partido Socialista quiere recurrir, la ley podría entrar en vigor en octubre.

Los grupos parlamentarios de la UMP y Nuevo Centro, salvo algunas excepciones, han votado hoy a favor, mientras que los grupos Socialista y la Izquierda Democrática y Republicana (GDR), así como el Partido Comunista y los Verdes, lo han hecho en contra. 

Entre los argumentos esgrimidos por los detractores, figura el de que es "ineficaz, obsoleto e inaplicable" porque "retrasa" la adaptación del derecho de autor a la era digital. Los socialistas también critican el caracter "manifiestamente desproporcionado" de la sanción a la que se arriesgan los internautas.

Desconexión y doble multa

El polémico proyecto de ley sobre la defensa de los derechos de autor en Internet pretende luchar contra las descargas ilegales y contempla la desconexión de la Red durante un periodo que puede ir de los dos meses a un año.

Una Alta Autoridad para la difusión de obras y protección de los derechos en Internet (Hadopi, según sus siglas en francés) será la encargada de aplicar una "respuesta gradual" a los internautas que realicen descargas ilegales. 

El infractor recibirá primero un correo electrónico, luego un segundo correo acompañado de una carta certificada y, en caso de reincidir, una comisión integrada por tres jueces podrá ordenar que se le corte su acceso a internet durante un periodo de entre dos y doce meses.

El pirata tendrá la posibilidad de negociar que la suspensión se limite a entre uno y tres meses, pero para que no esquive la sanción simplemente cambiando de compañía el texto contempla la creación de una lista negra de abonados dados de baja por este motivo.

La 'resistencia' se organiza en la red

El dispositivo que crea la Hadopi es el que ha generado un mayor así como la enmienda que obliga al internauta a seguir pagando su abono al proveedor durante el periodo que dure la sanción, lo que se conoce como la 'doble pena'.

Un efecto perverso de la ley es que, ante la perspectiva de que la llamada a filas de la UMP salvaría el texto sin sobresaltos, se viene organizando desde hace semanas una fuerte de resistencia en la red, donde proliferan textos, páginas web e incluso sitios de Internet explicando a los internautas poco experimentados en cuestiones tecnológicas cómo sortear sin dificultad los dispositivos de lucha contra la piratería.

Incertidumbres

Dos incógnitas pesan todavía sobre el futuro de la ley bautizada en Francia con el nombre de la autoridad encargada de aplicarla (Hadopi). En primer lugar, la de la Eurocámara que ha votado en dos ocasiones a favor de una enmienda del texto llamado 'paquete telecom' que estipula que el acceso a la web es un derecho fundamental y que para privar a un ciudadano del mismo tiene que mediar una orden judicial. 

El Gobierno francés asegura que el voto del Parlamento Europeo no tiene ninguna consecuencia en la ley, pero la cuestión no está zanjada porque son ahora los 27 quienes tienen que decidir si mantienen o no la enmienda. En segundo lugar, queda por ver si el Consejo constitucional francés valida el texto tal y como está, un veredicto que se conocerá en las próximas semanas.