El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado que el coste total del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas Castor se sitúa alrededor de los 1.700 millones de euros. Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso, Soria ha recordado que la actividad de almacenamiento de gas está regulada y, por tanto, tiene la consideración de coste del sistema y se retribuye mediante la tarifa, aunque solo una vez que entra en funcionamiento, en el marco del sistema gasista.

El ministro ha detallado que la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento. De esta manera, el coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones, frente a los 700 millones presupuestados inicialmente.

Sin embargo, el ministro no ha aclarado quién tendría que sufragar estos costes en caso de que la instalación nunca llegue a entrar en funcionamiento y, por tanto, esa cantidad no pase al sistema. El ministro ha recordado que esta instalación se consideró necesaria y "urgente" en la planificación del sistema gasista 2008-2016, pero que "en el momento actual" de caída de la demanda "es necesario realizar un nuevo análisis costes-beneficio" que tenga en cuenta la "infrautilización" de las infraestructuras de este sector.

"El Gobierno (actual) ajustó la retribución y estableció una fase de pruebas", en la que se encontraba la instalación en el momento de su paralización. Soria ha reiterado que todavía no se dispone de un informe definitivo, pero los expertos apuntan a que existe una "relación directa" entre los movimientos sísmico y las inyecciones de gas, al tiempo que descartan "riesgos" relevantes. "Hasta que se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura (...) no va a reanudar su actividad", ha insistido, al tiempo que ha instado a esperar a los informes definitivos de los expertos antes de decidir cuáles serán los siguientes pasos. También ha subrayado que el Gobierno ha trabajado en todo momento de coordinada con las comunidades autónomas afectadas, Comunidad Valenciana y Cataluña, así como con las diputaciones y ayuntamientos, además de numerosos expertos.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días. El Ministerio de Industria cesó la actividad de inyección de gas del proyecto el pasado 26 de septiembre para estudiar su posible relación con los cientos de pequeños seísmos que se están produciendo en la zona.

Industria pide al Supremo que el cierre de Castor no implique indemnización

José Manuel Soria ha anunciado que ha solicitado al Tribunal Supremo que retire la obligación de indemnizar a la empresa que gestiona el almacén subterráneo de gas Castor en caso de que se decida el cierre definitivo de la planta. Soria considera "abusiva para el interés general" la cláusula de la autorización administrativa que recoge que, en caso de suspensión o finalización de la concesión, la instalación pasaría a ser titularidad del Estado.

En este caso, el operador de la planta tendría derecho a una indemnización equivalente al valor neto contable del proyecto y, en caso de que la suspensión se debiera a "dolo o negligencia del operador", al valor residual de este. "Creemos que si hay dolo o negligencia no hay que indemnizar nada", ha apuntado Soria en declaraciones a los periodistas al finalizar la comparecencia, por lo que "hace muchos meses" el Consejo de Ministros decidió recurrirlo al Supremo. Con respecto al importe de ese valor neto contable, el ministro ha explicado que depende del resultado de una auditoría externa que se está llevando a cabo desde julio para desvelar el "coste real" de la instalación.

El diputado socialista Francesc Vallés ha pedido "más información y más transparencia" en la gestión de la situación, así como la creación de una "mesa única" que aúne de forma permanente a todas las administraciones afectadas "hasta que se tengan todos los informes". La diputada de la Izquierda Plural Laia Ortiz ha planteado que "se podría haber evitado" una situación que, ha manifestado, la población afectada vive con "alarma, preocupación pero también indignación". De la misma manera, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha cuestionado las razones por las que se han producido estos movimientos sísmicos en la zona cuando "hay muchísimos almacenamientos" de este tipo en el mundo que no han supuesto problemas.